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Tras presentar una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, cinco congresistas ahora van tras los pasos del titular del Ministerio Público interino, Juan Carlos Villena.
Los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), José Jerí (Somos Perú), Ilich López (No Agrupados), Luis Aragón y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) presentaron una denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.
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Además, acusaron a Villena de presuntamente haber infringido los artículos 39, 43, 51, 93, 99, 100 y 159 de la Constitución, por lo que demandaron su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de 10 años.
En el documento, los seis legisladores recordaron que el artículo 1 de la ley N° 27399 confiere expresamente al fiscal de la Nación la competencia de emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República del Perú, por lo que consideraron que la decisión emitida por Espinoza es irregular.
Agregaron que Espinoza, quien lidera la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, es una funcionaria de segundo nivel, por lo que no podría iniciar una indagación contra los miembros del Parlamento.
Cabe recordar que los seis legisladores que presentaron esta denuncia actualmente vienen siendo investigados por Espinoza a raíz del caso que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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¿Cómo inició este enfrentamiento entre Congreso y Fiscalía?
Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
Tras conocerse esta noticia, la respuesta desde el Parlamento no se hizo esperar. Chirinos presentó una denuncia constitucional, junto a Tello, Aragón, López y Cordero Jon Tay, contra Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a Benavides.
A la fiscal suprema se le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Además, se le acusa de haber cometido infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
En ese sentido, se pide que Espinoza sea destituida e inhabilitada en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Los congresistas afirman que la fiscal suprema no tiene competencia para investigarlos y que solo el fiscal de la Nación puede realizar esta medida.
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