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En el marco del recurso de apelación que presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, envió un oficio al presidente de este organismo, Antonio de la Haza, a fin de que cite a 10 legisladores y estos puedan brindar su testimonio en el marco del proceso que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación.
Estos legisladores son: Martha Moyano (Fuerza Popular), Alejandro Soto (APP), José Williams (Avanza País), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Idelso García (APP), Lady Camones (APP), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Luis Alegría (Fuerza Popular), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Patricia Chirinos (Avanza País).
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Precisamente, estos cinco últimos legisladores o bien fueron mencionados en los chats de WhatsApp del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, o en la denuncia fiscal presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICOP).
Del Castillo también pidió que se convoque al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, así como al abogado Pedro Cartolín, quien postuló a la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, solicitó que la JNJ exija a la Fiscalía el resultado de la pericia informática de autenticidad de las comunicaciones de WhatsApp de Villanueva, que sustentaron el inicio del procedimiento disciplinario inmediato en contra de Benavides.
En caso la Fiscalía no cuente con la pericia del caso, según se lee en el documento, se pide la fuente de prueba de dichas conversaciones virtuales.
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Denuncia que chats de Villanueva fueron manipulados
Durante la audiencia de alegatos ante los miembros de la JNJ, Benavides aseguró que no se corre y que quieren manchar su carrera fiscal con esta imputación, que la sindica de ser la lideresa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.
“¿A caso alguno de ustedes recibió algún beneficio por nombrarme?”, le preguntó a los siete miembros de la JNJ, tras pedir que se respete el debido proceso.
La suspendida fiscal cuestionó que recién se le haya iniciado una investigación preliminar, pese a que ya transcurrió más de un mes desde que la suspendieron en el cargo.
En ese sentido, remarcó que no existe ninguna evidencia para vincularla a algún delito y acusó que los chats de su exasesor Jaime Villanueva, en los que se evidenciaría una coordinación con diferentes congresistas para que apoyen los intereses de la presunta organización criminal, han sido “manipulados”.
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