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A 30 días de su gestión, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, informó sobre la conformación de una comisión especial que fiscalizará e investigará el contrato suscrito por su antecesor, Luis Molina, para la compra de cámaras, red de fibra óptica y semáforos para la implementación del proyecto ‘Smart City’.
De acuerdo al municipio, el grupo de trabajo analizará el informe CGR N° 007-2022-2161 entregado por la Contraloría General de la República, donde se da cuenta de que dicha adquisición presenta serias irregularidades.
El reporte remitido a Miraflores recomienda a la municipalidad no solo adoptar acciones contra el contratista por los documentos que no especifican el tipo de servicio y bienes que serán entregados, sino por la presentación de documentación adulterada respecto a la acreditación de personal clave para el proceso de contratación.
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“En cumplimiento de su función fiscalizadora, el regidor José Rosas propuso la conformación de una comisión que fiscalice el contrato que proyectaba un sistema inteligente para la seguridad y movilidad para Miraflores. El pedido fue aprobado por unanimidad en la sesión del concejo de este martes 31″, indicó la autoridad edil.
La comisión investigadora, que está presidida por José Rosas Zarich, se encuentra conformada por los regidores Francisco Barrón de Olarte, Max Crespo Loayza y Renato Otiniano Buquich,
Primer balance
Al presentar un primer resumen sobre su gestión, el alcalde de Miraflores advirtió que la Contraloría en su informe N° 1-CM informó que la transferencia administrativa por parte de la anterior autoridad no se realizó de manera adecuada, por lo que la gestión actual se encuentra trabajando al 60 % de su capacidad y se ha declarado en reorganización por 120 días para ordenar y potenciar el sistema municipal.
A ello, agregó que uno de los servicios afectados es el de seguridad ciudadana, que heredó con serias deficiencias en número de personal y unidades motorizadas en estado de abandono. Por este motivo, anunció que se ha iniciado un proceso para la contratación de 150 serenos más, así como la repotenciación del parque automotor del Serenazgo.
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Asimismo, otros servicios, como la panadería y comedor municipales, también fueron suspendidos por constituir un grave riesgo para la salud y vida de los vecinos.
Estos informes técnicos, presentados por las áreas especializadas, indican que estas no cuentan con licencia de funcionamiento, no poseen certificado de Defensa Civil ni pólizas de seguro, y sus instalaciones no presentan condiciones de salubridad y seguridad.
Por estas razones, ambos servicios están pasando por un proceso de acondicionamiento, que incluye el levantamiento de las observaciones técnicas para que la Municipalidad pueda volver a dar el servicio de panadería en un plazo de 30 días y el comedor vuelva a operar en 45 días.