Por Ignacio Aramburú
Gerente General de Profuturo AFP
En los últimos meses venimos discutiendo cuál debe ser el futuro de los sistemas de pensiones en el país. La relevancia del tema ha impulsado que, incluso, en el Congreso de la República se haya formado una comisión multipartidaria encargada de proponer una reforma integral que beneficie a más ciudadanos.
Si evaluamos experiencias recientes en países de Latinoamérica, hace poco, en México se presentó una reforma por parte del Gobierno que busca mejorar las pensiones en el país. El sistema de pensiones en México está basado en cuentas individuales de capitalización (CIC) que son gestionadas por empresas privadas, las Afores, similares a las AFP en Perú. Los aportes provienen de tres fuentes: aportes del trabajador, del empleador y del Estado; todos en un sistema integrado. Una de las debilidades del sistema es que el aporte por empleado es de 6.5% del sueldo mensual, lo cual es un ratio bastante bajo. En Perú se aporta el 10% y, aun así, nos encontramos por debajo de lo que la OCDE y otros expertos estiman como niveles de aporte necesarios para construir una pensión adecuada: el 18%.
Medidas positivas
Si analizamos en detalle la reforma planteada en México, hay varias medidas positivas que ayudarán a mejorar las pensiones en el país y a que el sistema sea sostenible en el tiempo.
En primer lugar, se implementarán medidas para aumentar el ahorro y, así, otorgar pensiones más altas. Los aportes se incrementarán, de 6.5% del sueldo a 15%, principalmente por incrementos en el porcentaje de aporte que hace el empleador, el cual irá aumentando gradualmente a lo largo de los próximos años en más o menos 1% por año. Adicionalmente, se mantiene la edad de jubilación en 60 años, con restricciones a la jubilación adelantada, y se asegura que los fondos en las CIC se usen sólo para el pago de pensiones.
En segundo lugar, se modifica el esquema de pensión garantizada existente, que hoy se otorga a aquellos que tienen por lo menos 1,250 semanas de cotización en su historia laboral (más o menos 24 años de aporte) y es un monto fijo para todos los trabajadores. Con la reforma, se reduce el requisito de semanas de 1,250 a 750 y la pensión garantizada variará en función a la edad, sueldo y semanas de cotización. Este cambio permite aumentar el porcentaje de trabajadores que recibe una pensión garantizada, pasando del 34% al 82% de jubilados. Adicionalmente, y para ayudar a pagar pensiones a más trabajadores, el aporte que hace el Estado a los fondos de pensiones de cada trabajador se mantiene como porcentaje, pero se transformará en una cuota social que se dirige sólo a los trabajadores de bajos ingresos.
Teniendo en cuenta de que en México alrededor del 44% de los retirados hoy no cumplen con los requisitos para recibir una pensión, esta reforma reducirá este porcentaje a menos del 5%. Por otro lado, la reforma mejorará las tasas de reemplazo (porcentaje de pensión vs el sueldo al final de la vida laboral), la cual será alrededor de 100% para los trabajadores de menores ingresos y para trabajadores de ingreso medio subiría de 34% a 54%.
Además de estas modificaciones, las Afores irán reduciendo sus comisiones de manera progresiva, gracias a que la reforma aumenta los aportes y ayuda a incluir a más trabajadores en el sistema. Conforme el sistema siga creciendo en escala, el costo individual que se paga en comisiones podrá irse reduciendo. Y, por último, la reforma plantea cambios a los activos en los que las Afores pueden invertir, dando más opciones para diversificar riesgos.
Trabajo colaborativo
Esta propuesta de reforma, que aún tiene que ser aprobada por el Congreso, da varios pasos en la dirección correcta para hacer que el sistema de pensiones sea más sostenible, pague mejores pensiones e incluya a la mayor cantidad de trabajadores para que no queden desprotegidos cuando se jubilen. Uno de los puntos más interesantes es que esta reforma, presentada por la Secretaría de Hacienda, es decir, por el gobierno del presidente Andrés López Obrador, nace de y es casi idéntica a una propuesta armada por el Consejo Coordinador Empresarial, el principal gremio de empresas privadas de México, en coordinación con el Congreso del Trabajo, que agrupa a los principales sindicatos del país. Es un ejemplo de diálogo y trabajo colaborativo entre el gobierno, los trabajadores y el sector privado, con una visión a largo plazo y balance entre lo técnico y político.
Si bien las realidades de México y Perú no son exactamente iguales, ambos países tienen muchas cosas en común, y creo que podemos tomar algunas conclusiones de esta reforma que sirven para proponer un mejor sistema de pensiones en nuestro país.
Conclusiones
En primer lugar, resalto la claridad en los objetivos de la reforma: hacer un análisis técnico, que mejore y construya sobre el sistema existente, que sea sostenible en el largo plazo, minimice el costo para el Estado y que brinde mejores pensiones a más trabajadores. Dentro de esto, prima el enfoque de que los fondos de pensiones deben usarse sólo para pagar pensiones. En general, es difícil para cualquier país lograr el ahorro necesario para asegurar pensiones adecuadas para todos, y esto es aún más difícil en países de América Latina, por los menores ingresos de la población y la alta informalidad. Por ello, tener medidas que permiten retiros anticipados, jubilaciones antes de la edad establecida o, en general, cualquier uso de los fondos para fines que no sean pagar pensiones, pueden tener buenas intenciones y resultar populares, pero van en contra de la construcción de un sistema sostenible y hacen más difícil tener mejores pensiones.
Es importante también el énfasis en un sistema con CIC y su gestión por parte de entidades privadas, a diferencia de la alternativa de un sistema de reparto que no es sostenible en el tiempo y tiene altos costos para el Estado. Adicionalmente, destaca la importancia que se brinda a la pensión garantizada, existente desde antes pero que se refuerza con la reforma propuesta. Esto es muy relevante ya que el sistema de contribución en CIC funciona bien para trabajadores con aportes continuos y sueldos por encima de cierto nivel, pero muchos trabajadores no podrán ahorrar lo suficiente para tener una pensión adecuada. Por ello, es clave otorgar una garantía de pensión mínima con ciertas condiciones y que incentive al trabajador a ser parte del sistema.
Otro aspecto clave es la estructura multi pilar del sistema, que permite integrar aportes hechos por el Estado, dirigidos a ayudar a llegar a una pensión garantizada a aquellos cuyo ahorro será insuficiente, además de aportes del mismo trabajador y los que realizan los empleadores.
Por último, la reforma plantea estabilidad en el sistema, con revisiones cada 10 años para calibrar variables demográficas y hacer otros ajustes. Este punto es bien importante pues garantiza que se espere a que el sistema madure antes de estar introduciendo cambios con poca evidencia de su efectividad y porque plantea reglas claras y estables para los jugadores privados que participan en el mismo, lo que incentiva la competencia, la inversión y la eficiencia en costos.
Hoy tenemos una gran oportunidad en el Perú para mejorar sustancialmente un sistema que necesita una reforma, y nos debe entusiasmar el poder dejar un mejor sistema para las futuras generaciones en el país. El mundo de las pensiones es uno donde la visión a largo plazo es clave; todo cambio al sistema debe tener ese horizonte en mente y debe ir acompañado de una sostenida reducción en la informalidad laboral en el país. Hoy nos toca trabajar coordinadamente para que mañana tengamos un sistema que brinde más y mejores pensiones a más peruanos. El reto es grande, pero juntos podemos lograrlo.