Institucionalidad regulatoria

Leemos frecuentemente sobre la institucionalidad y la predictibilidad jurídica como pilares de cualquier política de promoción de inversiones y generación de empleo. En palabras sencillas: reglas de juego simples, ejecutables, fiscalizables con imparcialidad, con responsabilidades claras respecto a quién cumple cada rol en la administración pública, con procesos que garanticen dobles instancias administrativas y revisiones jurisdiccionales ajustadas a ley. Esto supone tener claridad en que cada regulación supone costos de transacción y necesidad de gestión. No basta con regular, hay que evaluar si lo que se busca obtener justifica su imposición y si hay capacidad en el Estado para hacerla ejecutable, así como si existen mecanismos adecuados para cuestionar esta actuación.

En un mercado como el peruano, que hoy soporta los efectos de la alta informalidad en su economía y donde la pandemia ha hecho más notoria la necesidad de mayores y mejores servicios públicos, este fortalecimiento institucional no puede soslayar a los llamados “organismos reguladores”. Este subsector del Estado es el que abordaremos en este artículo.

En los últimos años, parece que olvidamos algunos principios básicos que sustentaron la creación de los organismos reguladores. Primero, se buscó garantizar un equilibrio entre los intereses del Estado (más políticos), de los usuarios y los inversionistas. El regulador, por tanto, debe ser siempre imparcial y no “popular”. Declaraciones recientes de algunos líderes políticos parecen desconocer esta realidad y cuestionan la actuación de los reguladores por no ser exclusivamente “pro cliente o usuario”.

“Tan negativo es la captura del regulador por la empresa regulada, como por intereses políticos o por corrientes mediáticas que distancian las decisiones de la imparcialidad que deben tener”.

Asimismo, muchos procesos sancionadores buscan, fundamentalmente, apaciguar ese ánimo castigador al inversionista para ganar puntos ante la platea. Pues bien, ninguna de estas aproximaciones al rol del regulador es correcta y reducir o mitigar el actual nivel de influencia y presión externa, que en algunos casos se ha intentado ejercer contra dichas autoridades administrativas a través de campañas difamatorias en medios de comunicación, forma parte de la agenda de fortalecimiento institucional. Tan negativo es la captura del regulador por la empresa regulada, como por intereses políticos o por corrientes mediáticas que distancian las decisiones de la imparcialidad que deben tener.

No necesitamos más leyes para lograr este objetivo. Tanto la ley de creación de los organismos reguladores como la Ley de Procedimiento Administrativo General, por citar solo dos normas marco importantes, ofrecen la garantía legal de una actuación que se base en evidencia suficiente y completa. Sin embargo, en AFIN, dentro de nuestra experiencia como representantes de los diversos sectores vinculados a la infraestructura, hemos sido testigos de diversas campañas mediáticas que han intentado posicionar figuras como las de David contra Goliat, pobres contra ricos, débiles contra poderosos, intentando de esta manera opacar o desviar la atención de la entidad autorizada para resolver hechos concretos.

En esa línea, se han venido planteando algunos ajustes que permitan contar, dentro de los diversos reguladores, con segundas instancias revisoras independientes en los procesos administrativo sancionadores que, por ejemplo, garanticen el real acceso a una doble instancia administrativa y eviten la recurrencia permanente a acciones contencioso administrativas ante el Poder Judicial. Asimismo, se ha exigido insistentemente que las instancias sancionatorias cumplan con el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias para verificar plenamente los hechos materia de controversia y activar los mecanismos probatorios adicionales a su disposición para evitar que las decisiones que emitan incurran en vulneraciones a los derechos de los administrados y al principio de verdad material. Pero, sobre todo, evitar afectar el derecho de los ciudadanos a acceder a una mejor calidad de vida y mejores condiciones de productos y servicios.

Vamos a necesitar de mucha inversión privada en el próximo quinquenio concentrada en servicios públicos, lo que obliga a fortalecer nuestros organismos reguladores con mayor claridad respecto a su rol, dotándolos de los recursos que demandan y exigiéndoles que ofrezcan la imparcialidad que justificó su creación.