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Oscar Zapata Alcázar
Presidente de Perucámaras
Atraer la inversión privada, garantizando estabilidad jurídica y política, es una de las aristas que el gobierno debe considerar como parte fundamental del paquete de medidas anunciadas para enfrentar y superar la recesión económica en que se encuentra nuestro país.
Es la inversión privada la que genera puestos de trabajo que, a su vez, permiten impulsar el consumo de los trabajadores y sus familias, con lo que se genera la demanda de los productos y servicios que producen las empresas. Al aumentar la demanda y la necesidad de producir más, se crean nuevos empleos.
Este es el círculo virtuoso que permite echar a andar el motor de la economía para llegar a la meta común que es reducir la pobreza y ofrecer servicios básicos de calidad a la población.
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En el caso de la inversión extranjera directa en el Perú, esta alcanzó los USD 11,656 millones el año pasado, duplicando lo registrado en el 2021 (USD 5,755 millones), según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
La globalización ha traído consigo una interconexión sin precedentes entre los mercados internacionales, por lo que la implementación de Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria (CDI), resulta clave para atraer a los inversionistas a un país, ya que mitigan el riesgo de que las empresas y los individuos vean gravados sus ingresos por dos jurisdicciones distintas.
Esta protección fiscal es un aliciente para los inversores, proporcionando un marco de seguridad legal y fiscal que estimula la fluidez de capital transfronterizo.
Además, los CDI desempeñan un papel crucial en la eliminación de barreras fiscales, la reducción de costes asociados al comercio internacional y la promoción del intercambio económico y cultural.
Al mismo tiempo, fortalecen la capacidad de las empresas para competir en el mercado global, asegurando que se les otorgue un tratamiento fiscal equitativo y no discriminatorio, independientemente del país de origen o de operación.
El Perú, consciente de los beneficios que conllevan los CDI, cuenta con una sólida red de este tipo de convenios con diferentes países, que se ha reflejado en un aumento significativo de la inversión extranjera directa, consolidando su posición como un destino preferente para los negocios internacionales.
No obstante, en el caso específico de las relaciones económicas con España, se observa un notable vacío: la ausencia de un CDI bilateral, que limita el potencial de crecimiento en términos de inversión y comercio.
El CDI entre Perú y España, a pesar de haber sido negociado, permanece en un limbo de no ratificación que lleva una década, provocando incertidumbre y un impacto negativo, especialmente durante periodos de desaceleración económica como el actual.
La carga que supone la doble imposición no es menor: actúa como un freno para las inversiones y disminuye la competitividad de las empresas en el ámbito internacional. La ausencia de un CDI con España puede traducirse en una pérdida de interés por parte de los inversores, debilitando la entrada de capitales y afectando el crecimiento económico sostenible del país.
Un CDI con España abriría puertas a nuevas inversiones, aumentaría los flujos de capitales en áreas vitales de la economía y ofrecería a las empresas peruanas una mayor diversidad de mercados, catalizando así un crecimiento robusto y a largo plazo.
Por ello es necesaria una reanudación diligente de las negociaciones y la finalización del proceso de firma y ratificación, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre políticos, diplomáticos y líderes empresariales, enfocados en alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes de manera justa y equitativa. La firma de este convenio trasciende el ámbito tributario, pues representa una política económica estratégica que puede influir significativamente en el dinamismo de las inversiones bilaterales y en la prosperidad económica del Perú.
No olvidemos que actualmente hay más de 500 empresas españolas que invierten en el Perú, en sectores como telecomunicaciones, energía, infraestructura y servicios financieros. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, la media de la inversión bruta española en el Perú era de 210 millones de euros en el periodo 2018-2022, pero específicamente en el 2022 cayó a 164 millones, es decir un retroceso de 22.1%, situación que es contraria, por ejemplo, a Colombia y Chile, donde los capitales españoles muestran una tendencia creciente.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señala que el Perú es el séptimo país de destino de la inversión extranjera directa a América Latina, mientras que nuestro país ocupa el puesto 36 como país inversor en España.
Para el gremio empresarial español, el Perú ofrece oportunidades en los sectores extractivo, infraestructura, equipos y maquinarias para construcción, industria textil, tecnologías de la información, productos y servicios sanitarios, energía eólica, entre otros.
En este escenario y en un contexto donde la economía mundial busca superar los retos post-recesión, el CDI con España es una herramienta imprescindible para reimpulsar el comercio y las inversiones bilaterales.
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