Las agroexportaciones no tradicionales totalizaron US$ 9,157 millones el año pasado, según cifras actualizadas del BCR, 8.5% más que el 2022. Esos datos harían pensar que el 2023 fue bueno para el sector, pero el resultado se explica porque los precios internacionales de dicho productos subieron 11% en promedio, pues el volumen exportado se contrajo 2.2%. ¿Qué factores explican esa baja en las cosechas de la agricultura moderna peruana?
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Las anomalías climáticas perjudicaron algunos cultivos de exportación, como mangos, pero su mayor incidencia fue en el agro para el mercado interno. El principal factor que perjudica a la agricultura de exportación y le resta competitividad es la Ley 31110, aprobada por el anterior Congreso en diciembre del 2020, al caballazo y sin debate técnico, que reemplazó a la Ley de Promoción Agraria –en realidad, la desmanteló–. Han pasado más de tres años desde la promulgación de ese desatino y sus consecuencias son preocupantes: disminución de empleos formales en el sector y menores inversiones en incorporación de hectáreas y en tecnificación.
A Pedro Castillo no le interesó en absoluto la agricultura. Se distrajo con repetidos anuncios de una “segunda Reforma Agraria”, mientras que la urea se encareció y la sequía arrasó con las tierras en la sierra. Tuvieron que pasar muchos meses del Gobierno de Dina Boluarte, para que el Midagri asuma la responsabilidad de proponer correcciones a la ley. La más importante es el retorno al régimen del Impuesto a la Renta de 15%, aunque esa tasa tendría que volver a ser permanente a fin de apuntalar el atractivo del sector y atraer más inversiones, que tanta falta hacen.
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El obstáculo que enfrentará el nuevo titular del Midagri, Angel Manero, será el desinterés del Congreso, que está más concentrado en superar en despropósitos al anterior. El ministro tendrá que hacer entender a los parlamentarios del riesgo que enfrentan las agroexportaciones con la ley actual.
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Sin embargo, existen otros factores que también lastran al sector. Por ejemplo, las décadas de demora en la ejecución de proyectos de irrigación, el decaimiento de la promoción en el exterior –Promperú es una sombra de lo que era hace diez años–, la escasa atención que ha estado recibiendo el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), agencia del Midagri que ha sido clave para impulsar la oferta agroexportadora, y la parsimonia en la adecuación a la reglamentación de la Unión Europea sobre deforestación, cuyo plazo vence el 31 de diciembre (Gestión 12/04/2024).
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