Escribe: César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz
Según el reciente reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) denominado Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023, la población en condición de pobreza en el país alcanzó a 9 millones 780 mil personas, cifra mayor en 596 mil personas, respecto al año 2022 (9 millones 184 mil personas).
El reporte del INEI también contempla información estadística reveladora en materia de empleo que conviene comentar. Así, señala que, a nivel nacional, en el año 2023, la tasa de subempleo en la población de 14 a 60 años ascendió a 43.3%. Comparando con el año 2022, disminuyó en 1.7 puntos porcentuales. Pero la disminución corresponde al área urbana (-2.2%) pues en el área rural existió un incremento (1.6%). Es importante señalar que concepto “subempleo” comprende al subempleo por horas, personas que trabajan menos de 35 horas semanales, pero tienen deseos y disponibilidad para trabajar más horas, y al subempleo por salario, que comprende a las personas que reciben una remuneración menor al ingreso mínimo de referencia.
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Añade el reporte que el año 2023, el 7.9% de la población de 14 años o más estaba en situación de desempleo abierto y oculto, lo cual supone un aumento de 1.0 punto porcentual respecto al 2022. La población en desempleo abierto y oculto es aquella población de 14 años de edad o más que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: (i) en situación de desempleo (persona que se encuentra desocupada, pero que tiene deseos y disponibilidad para trabajar, y busca trabajo activamente); o, (ii) está en situación de desaliento (persona que se encuentra desocupada, tiene deseos y disponibilidad para trabajar, pero no busca trabajo activamente).
A nivel nacional, en el año 2023, el 65.9% de la población en edad de trabajar no está afiliada a un sistema de pensiones. Respecto a los niveles registrados en el año 2022, esta población disminuyó en 2.3 puntos porcentuales, nos dice el INEI.
Lo señalado se relaciona con la informalidad, que aún se mantiene elevada pues este Gobierno ni los anteriores se han abocado en diseñar estrategias para reducirlas.
El reporte del INEI señala que el 2023 el 71.1% de la población de 14 años a más ocupada, tiene un empleo informal, habiendo disminuido 2.9% respecto al 2022. Por área de residencia, el 65.5% de la población ocupada urbana y el 94.2% de la rural tiene un trabajo informal.
Según datos del BCR, en marzo del 2024 el empleo formal total a nivel nacional disminuyó 0.4% interanual, con lo cual se perdieron 22 mil puestos de trabajo respecto a marzo del 2023. Los puestos de trabajo formales del sector privado disminuyeron 1.4% respecto a marzo del año previo.
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Las cifras son reveladoras. La informalidad en el Perú sigue alta, y persisten múltiples factores que la impulsan como la falta de un sistema tributario amigable, de normas administrativas (permisos, licencias municipales) menos engorrosas o de un régimen laboral menos rígido. Desde luego, si lo anterior se mantiene, y a ello se suma la inestabilidad política, no existirán incentivos para que el empresario apueste por el país invirtiendo en él y generando empleo formal.
En la CADE 2023 se discutió una propuesta desde el sector privado para impulsar la formalidad, planteándose la creación de un régimen tributario general, así como una regulación laboral, ambos aplicados de manera progresiva, y esta última con salarios basados en la productividad. Similar reflexión se realizó en la CADE 2022, afirmándose en ese momento que se requería una mayor inversión para revertir los índices de informalidad. Lamentablemente las buenas ideas, que rescatamos, no se han puesto en práctica y no es culpa de quienes las diseñaron sino de la falta de decisión política para hacerlo.
No perdamos de vista que la informalidad también pasa por un tema de formación en valores. Tan informal es aquel empleador que contrata al personal fuera de planilla o le paga una parte de su remuneración sin registrarla en aquella como el chofer que no respeta la luz roja, que maneja su vehículo por el carril de emergencia, quien arroja los desperdicios a la calle o la persona que se mete en una fila sin respetar a los demás, quien ofrece dádivas a una autoridad así como la autoridad que las acepta. Hemos visto con estupor cómo un conductor bloqueó la salida de una ambulancia en Chorrillos al estacionar mal su vehículo.
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Entonces, si se mantiene esa “cultura informal”, cualquier medida que se ejecute no va a tener el impacto deseado en nuestra sociedad. Entonces, además de las medidas con impacto económico ya mencionadas y otras que pudieran plantearse, debe fomentarse la educación en valores a nuestros hijos, en el sistema público como el privado, fortaleciendo la idea de que las reglas están para ser cumplidas. Pongamos las barbas en remojo y aportemos un granito de arena para sacar al país de la informalidad.
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