¿Apagar el respirador?

Durante los últimos tres meses, la economía peruana ha enfrentado diversos shocks que han mermado severamente su capacidad de producción. En este contexto, los servicios públicos de telecomunicaciones y energía, han sido el “respirador artificial” que ha permitido mantener la capacidad operativa de los sectores de servicios esenciales. Sin ellas, actividades como el teletrabajo, educación a distancia entre muchas otras, hubiesen sido imposibles.

La resiliencia mostrada por dichas industrias, es producto de las reformas realizadas durante décadas y que han permitido la atracción de inversiones a estos sectores. Sin embargo, las medidas restrictivas adoptadas desde marzo que limitan su capacidad de generación de ingresos, representan una amenaza a su sostenibilidad económica.

Recordemos que, con la declaración del estado de emergencia, el Gobierno estableció que los operadores de servicios públicos, se encontraban impedidos de cortar el servicio a aquellos usuarios que no cumplieran con el pago de sus recibos. Luego, también restringió parcialmente la medida, precisando que ese beneficio se limitaría a usuarios vulnerables, los cuales en el caso de energía eléctrica y gas natural se definieron como aquellos cuyo consumo mensual fuera inferior a los 100 kWh o 20 metros cúbicos mensuales, respectivamente.

Mientras los consumidores de estos servicios podrían solicitar un fraccionamiento de pagos durante 24 meses en el caso del sector telecomunicaciones se estableció un periodo de 12 meses, con la diferencia que en este caso no se distinguió entre tipos de consumidor. En telecomunicaciones, si el consumidor no optaba por el fraccionamiento se disponía que las empresas podían reducir las prestaciones del servicio, más no el corte absoluto de los mismos.

Estas medidas fueron complementadas posteriormente para cada sector. En el caso de energía eléctrica, el umbral de beneficiarios del fraccionamiento del servicio eléctrico se amplió a 300kWh. En telecomunicaciones se precisaron los plazos para que los usuarios puedan acogerse al beneficio y se establecieron limitaciones a las ventas de servicio, que posteriormente se fueron relajando para posibilitar el uso de e-commerce.

El resultado de este proceso, es que durante más de tres meses las empresas de servicios públicos han visto severamente limitada su generación de ingresos, con niveles de morosidad que promedian el 40-50%. Resulta paradójico que siendo estos servicios los que en gran medida han servido de soporte para la operatividad del resto de la economía, no hayan recibido por parte del Gobierno una política pública que garantice su continuidad y sostenibilidad en el tiempo.

Alternativas como el Programa Reactiva no son aplicables a empresas de estos niveles de escala. Medidas mencionadas recientemente por algunas autoridades respecto a otorgar subsidios focalizados a grupos de usuarios resultaría tardía e insuficiente, dados los problemas de ruptura de la cadena de pagos que ya se vienen arrastrando. Quizás sea el momento de pensar por un programa de alivio más amplio que reduzca el riesgo de “apagar el respirador”.