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La Ley de Contrataciones del Estado se publicó el 11 de julio del 2014. Si bien en estos nueve años ha sufrido diferentes modificaciones, desde varios flancos se pedía una nueva ley. En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto para una nueva ley.
La presidenta ejecutiva del OSCE, Laura Gutiérrez, comentó que el proyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado amplía las competencias del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para la supervisión de contrataciones sujetas a regímenes especiales. Esto se dio en una mesa de trabajo organizada por el despacho de la congresista Adriana Tudela.
Gutiérrez señaló que este proyecto propone incorporar como obligatoria la implementación de la Gestión de Riesgos en las entidades, y establece como una función adicional del OSCE brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública, además de incorporar los contratos menores con lo cual se amplía el ámbito de supervisión del OSCE.
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En el marco de la mesa de trabajo “Los procesos de contratación, ejecución de obras y resolución de controversias alrededor de la Ley de Contrataciones del Estado, su revisión y posible modificación”, Laura Gutiérrez anunció que el OSCE pondrá en marcha, el último trimestre del año, un modelo mejorado de capacitación, que involucra el desarrollo de un programa de capacidades, lo cual busca mejorar el recurso humano encargado de los procesos de contratación pública.
Anunció también, que el OSCE implementará un mecanismo en la Ficha Única del Proveedor (FUP) que permitirá conocer el nivel de desempeño de los proveedores del Estado, con el objetivo de fomentar que las entidades públicas interactúen con “buenos proveedores”.
En materia de solución de controversias, indicó que se plantea un cambio en las funciones del OSCE, ya no estando a su cargo la organización y administración de un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario.
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Sin embargo, se le asigna la administración del Listado de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Resolución de Disputas, así como la supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos y la sanción a las instituciones que resuelven controversias en contrataciones del Estado.
“En suma, la propuesta contenida en el Proyecto de Ley N° 5472/2022-PE busca fortalecer el rol del OSCE, siendo que “estas medidas buscan asegurar la transparencia y confianza en los procesos de contratación pública”, puntualizó.
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