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Perú posee el mayor emporio comercial y de industrial textil de Sudamérica, Gamarra, el corazón de las confecciones nacionales con más de 20,000 locales comerciales atraviesa la peor crisis en sus 60 años de historia. La pandemia, el comercio informal y la excesiva importación de prendas chinas ha reducido su participación de mercado en un país con más de 33 millones de consumidores.
Las asociaciones de empresarios de Gamarra solicitan, desde hace años, la aprobación de salvaguardias temporales a la importación de ropa asiática, que se incrementó en 52% entre el 2016 y 2020. Ante ello, el Indecopi recomendó, en mayo del 2022, aplicar una salvaguardia temporal por 200 días, pero no prosperó. Y en julio del año pasado, la misma Autoridad emitió un Informe (el N° 042-2022/CDB-INDECOPI), sobre los resultados de una investigación relacionada a la medida proteccionista, sin embargo, luego de cinco meses, los ministerios pertinentes -Producción, Comercio Exterior y de Economía y Finanzas- no emitieron ninguna conclusión.
En consecuencia -dice Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú-, la no publicación del decreto de urgencia como norma para determinar si se aplica o no las salvaguardias a la ropa china y de Bangladesh, ha generado incertidumbre entre los importadores y se ha reducido las solicitudes de compra en un mes (enero) en el que se programa la importación de ropa de invierno/otoño, lo que podría perjudicar la oferta en el mercado peruano.
Por ahora, la titular del Ministerio de la Producción, Sandra Belaúnde, ha señalado que volverá a analizar el pedido de los comerciantes de Gamarra pero sin generar expectativas. Dicho análisis, justamente, se hará en conjunto con el MEF y Mincetur, y sería sobre el informe del Indecopi que puede ser o no vinculante para la decisión final. “Aplicar salvaguardias es, sobre todo, una decisión política”, aseveró Susana Saldaña, de la Asociación empresarial Gamarra Perú.
Pero Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), dijo a gestion.pe que, considerando el contexto actual, con el incremento de la producción textil y confecciones en el 2022 -creció 11% el año pasado- se ha diluido los argumentos para solicitar la salvaguardia de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), pese a que Gamarra reporta que hay más de 50,000 de sus empresas en situación de quiebra.
En la región, países como Colombia y Brasil han tomado la decisión de aplicar medidas proteccionistas. El pasado 28 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro aprobó un decreto para aumentar aranceles a la importación de prendas en un 40% “para acelerar su industria local”.
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¿Plan B?
El Gobierno peruano, concretamente desde el Ministerio de la Producción, ha adelantado que una alternativa a la salvaguardia podría ser el acceso a mercados internacionales, un tema que está pendiente desde inicios del 2022 cuando el anterior gobierno, de Pedro Castillo, anunció que iniciaría conversaciones con las Oficinas Comerciales en el Exterior para abrir los mercados de Colombia y Brasil.
Sin embargo, Susana Saldaña ha criticado el anuncio señalando que si “se deja morir a la industria textil peruana no habrá quién confeccione para el mercado internacional”. Además, agregó, se debería apuntar a otros mercados fuera de la región, considerando que sus pares latinoamericanos están aplicando medidas proteccionistas. En esa línea, dijo que una alternativa a la salvaguardia podría ser el incremento del arancel a la importación de prendas -hoy en 11%-, “pero probablemente no le convenga a los importadores”, anotó.
La Sociedad Nacional de Industrias, que se reunirá el viernes 13 de enero con la titular de Produce, adelantó que presentará un plan de reactivación productiva, que incluye la exhortación a la publicación del reglamento de la ley que obliga a los programas del Estado a que el 40% del presupuesto de compras estatales esté dirigido a las pequeñas empresas nacionales y no a las importadoras.
“A nivel de política sectorial apuntamos a eliminar la subvaluación de la mercadería importada en prendas y calzado y por el que, sabemos, hay personas que incluso ya están pagando condena. Lo que también buscamos es evitar el subconteo, como lo está aplicando Colombia, aplicar el arancel por kilogramo”, indicó. A la par, añadió, se requiere formar consorcios para preparar la internacionalización en asociatividad de los productores de Gamarra.
Zacnich, por su parte, subrayó que se debe entender que la aplicación de nuevas políticas tendrá resultados a mediano y largo plazo, por lo que debería empezarse con mejorar la capacidad de producción de los proveedores nacionales y articularlos en cadenas productivas; además de combatir con la delincuencia y ordenar el comercio ambulatorio que hoy representan competencia desleal para los pequeños textileros formalizados.
Por su parte, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Pyme Perú, indicó que se planteará a las empresas retail como Saga Falabella, que exista una cuota del 30% para las compras a las pymes peruanas. “También se puede hacer lo que plantean en los tratados de libre comercio, que se trabaje (la cuota) de forma gradual. Eso sería lo más justo”, subrayó en diálogo con gestion.pe
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