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La Corte Suprema de Justicia declaró fundado un recurso de casación interpuesto por Backus en un caso de demanda por difamación contra un exdirigente sindical de la compañía. La casación anuló las sentencias de primera y segunda instancia que lo habían absuelto en el 2021 y ordenó que se realice un nuevo juicio.
La empresa había demandado a quien era el secretario general de su sindicato de trabajadores, luego de que realizara publicaciones -que consideró difamatorias- vía las redes sociales Facebook y Twitter.
El dirigente había denunciado acciones de intimidación y amenazas a los trabajadores sindicalizados, entre otras acusaciones.
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Uno de los fundamentos de la casación señala que si bien desde el 2017 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Lagos del Campo versus Perú) fijó como doctrina convencional “un nivel reforzado de protección” de la libertad de expresión de los dirigentes sindicales, ello no debe significar proteger un ejercicio abusivo de esta libertad de expresión, por lo que debe analizarse, ponderativamente, “el carácter excepcional de la restricción”.
Asimismo, refirió que en la sentencia en primera instancia “no se justificó por qué las expresiones que se dio por acreditadas no revelaban dolo”, subraya la sentencia de casación No. 1033-2022/Lima Este, emitida el pasado 28 de febrero del 2024.
La casación agrega que cuando se hacen afirmaciones sobre hechos se necesita un específico deber de diligencia del informador en cuanto a la previa labor de comprobación de su información –lo narrado ha de estar diligentemente contrastado–, de suerte que solo se castigarán las imputaciones falsas de hechos públicos cuando se llevan a cabo con conocimiento de la falsedad o manifiesto desprecio de la verdad.
La casación busca que un nuevo juez vuelva a revisar el caso y realice un análisis más exhaustivo de los hechos, refirió César Puntriano, abogado laboralista del Estudio Muñiz.
“Con esta casación ya no se dará carta blanca a los dirigentes sindicales. Un nuevo juez deberá analizar bien el caso y fallar. Y luego podría volver a la Corte Suprema otra vez”, añadió.
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Por su parte Jaime Zegarra, abogado laboralista y consultor de Dentons Perú, refirió que tras las pautas fijadas en la casación “tendrá que acreditarse la veracidad de las afirmaciones en contra de Backus, como los supuestos actos de presión y amenaza”.
Cabe anotar que en su demanda por difamación, la empresa solicitó que se imponga tres años de pena privativa de libertad, así como el pago de S/ 10,000 por concepto de reparación civil.
“Si no hay pruebas de que fue cierto lo indicado por el dirigente, podría darse una condena al trabajador. No de cárcel efectiva, pues es menor a cuatro años, pero sí imponerse una reparación civil económica. Este proceso tiene para dos a tres años más”, estimó Zegarra.
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Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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