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Según datos del Estudio Carbonell (3), en Perú, tres de cada 4 empresas que entran a concurso de acreedores ante el terminan siendo liquidadas. ¿Uno de los problemas? El bajo incentivo para brindar financiamiento a la empresa en concurso. Una situación que la Autoridad de Competencia quiere cambiar con su propuesta de modificación a la , cuyo debate está pendiente en el Consejo de Ministros desde fines del 2022.

El Indecopi explicó a gestión.pe que los cambios propuestos establecen incentivos a diversos partícipes del procedimiento. Por un lado, incentivos para quienes otorgan financiamiento a empresas sometidas a concurso, dándoles el segundo orden de preferencia en caso de que el deudor ingrese a una.

El segundo tipo es un incentivo para aquellos sujetos que promuevan acciones de ineficacia concursal en la vía judicial y logren recuperar masa concursal, otorgándoles a “título de recompensa” un determinado porcentaje de la valorización del bien recuperado.

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Lo que quiere decir que, en aquellos casos en los que la Junta de Acreedores decida que el destino de la empresa sea la reestructuración patrimonial, éstas podrán recibir financiamiento para que continúen con su actividad empresarial. Sin perjuicio de ello, “la decisión de brindar un préstamo o líneas de crédito para capital de trabajo a un deudor en concurso dependerá -finalmente- de las empresas del sistema financiero o los terceros que otorguen fuentes de financiamiento”.

Entre los cambios, también se contempla ofrecer incentivos a los acreedores que inicien un procedimiento de ineficacia ante el contra la empresa que venda o transfiera sus activos para evitar pagar sus deudas; “de esa manera se recupera el total de bienes y se garantiza una mejor posición económica de la empresa para poder seguir en marcha”. Otro aspecto -agrega- es que se ha desarrollado un procedimiento sumarísimo para conseguir la ineficacia de actos indebidos al patrimonio. “Incluso hay un incentivo para el acreedor que consiga la reversión de ese acto”, explicó.

Aunque para Fernando Lanfranco, socio en la firma DLA Piper Perú, el éxito de los cambios dependerá de la práctica misma. No obstante, algunos aspectos positivos que se han incorporado -añade- es la deuda post concursal, es decir, se aclara que dicha deuda se pagaría en segundo orden en caso la compañía finalmente se liquide. Otro punto a favor, dice Lanfranco, es que se establece un régimen de administración temporal del deudor. “Se ha generado para que se cumplan los requerimientos de información, mantenerlo actualizado, de lo contrario, se puede recibir una sanción del administrador temporal”.

Cabe indicar que en lo que va del 2023, las solicitudes de inicio de procedimientos concursales ante el Indecopi se ha incrementado en un 162.5 % respecto al 2022; es decir, 16 solicitudes frente a los 42 este año.

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¿Impactará en los procesos concursales en marcha?

De acuerdo al Indecopi, de aprobarse los cambios, podrá aplicarse a los deudores que aún no tienen destino (reestructuración o liquidación). Entonces, podrían obtener financiamiento para la continuación de sus actividades empresariales y exponer dicha situación ante sus juntas de acreedores a fin de que estas evalúen sus condiciones de viabilidad en el mercado y, de ser el caso, acuerden la reestructuración y aprueben el respectivo plan de reestructuración.

“Mientras los procedimientos se encuentren en trámite ante el Indecopi les será aplicable todo cambio normativo que se dé, salvo exclusión expresa de la ley. Aunque, ello no significa que alguna de las empresas que ingrese a concurso no termine en un procedimiento de disolución y liquidación. En ese sentido, es importante recordar que la decisión del destino de una empresa concursada es exclusiva de cada junta de acreedores y será adoptado por la mayoría establecida en la ley. Además, hay casos en los que la norma determina cuál es el régimen que se debe aplicar. Debemos recordar que, si bien la Comisión de Procedimientos Concursales tramita dichos expedientes, lo hace solo como veedor y supervisor del cumplimiento de las disposiciones concursales en los mismos”, recordó el Indecopi en un escrito.

Doe Run y gasoducto del sur

Si bien el procedimiento del Club Universitario de Deportes está suspendido, en aplicación de la Ley Nº 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, hay otros casos que siguen en trámite. ¿Cuáles son? Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación, Gasoducto Sur Peruano S.A. en Liquidación y Universidad Inca Garcilaso de la Vega. es decir, casos que ya tienen destino por lo que no aplicarían a los cambios.

  • Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación se encuentra sometida a una liquidación ordinaria desde el 19 de noviembre de 2020, a cargo de la entidad liquidadora Consultores A-1 S.A.C. y tiene un convenio de liquidación aprobado en reunión de junta de acreedores del 3 de marzo de 2022.
  • Gasoducto Sur Peruano S.A. en Liquidación se encuentra sometida a una liquidación ordinaria a cargo de la entidad liquidadora Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. Siendo que, en este caso, el presidente de la Junta de Acreedores, Graña y Montero S.A.A. (ahora, Aenza S.A.A.), ha convocado a junta para los días 15 y 20 de febrero de 2023, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con la finalidad de ratificar a dicha entidad liquidadora o, de ser el caso, designar a una nueva y aprobar el convenio de liquidación.
  • La Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra sometida a una reestructuración bajo la administración de la señora Yuly Yanny Herrera Llamocca, y cuenta con un plan de reestructuración aprobado en reunión de Junta de Acreedores del 27 de diciembre de 2022.
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