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Forzado a reconocer públicamente posibles sobornos en Irak, algunos de los cuales podrían haber ido a parar a las arcas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Ericsson, el gigante sueco de las telecomunicaciones, anunció el miércoles que nuevamente se encuentra en la mira de la justicia estadounidense.
El título en bolsa del número 2 mundial de las telecomunicaciones, muy zarandeado en las últimas semanas, cayó en el parqué de Estocolmo como consecuencia de ello.
Este asunto cobró notoriedad el mes pasado, previo a la publicación de una amplia investigación periodística llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dada a conocer el domingo.
Esto obligó a Ericsson a publicar a su vez las conclusiones de una investigación interna, identificando hechos tipificables como de corrupción a lo largo de muchos años en actividades del grupo en Irak.
Esto incluye sospechas sobre eventuales pagos de sobornos para poder circular por carreteras en zonas bajo control del EI, que podrían haber terminado en los bolsillos del grupo yihadista.
En el periodo 2011-2019, sus propios auditores identificaron ‘a posteriori’ “graves violaciones a las reglas legales y de ética empresarial del grupo”, había reconocido Ericsson a mediados de febrero, anticipándose a la publicación de la investigación del ICIJ, dada a conocer el domingo por 30 medios de comunicación que lo integran.
Varios colaboradores fueron despedidos por el grupo tras esta auditoría interna, que hasta ahora no se ha hecho pública.
Aunque, de acuerdo a Ericsson, la investigación no concluyó en que alguno de sus empleados haya estado “directamente implicado en la financiación de organizaciones terroristas”.
Estas revelaciones ponen en dificultades muy particulares al ‘buque insignia’ sueco, dado que ya ha tenido problemas con la justicia estadounidense y su temible ‘jurisdicción universal’ en numerosos casos.
Acuerdo transaccional
En diciembre del 2019, Ericsson había pagado US$ 1,000 millones (900 millones de euros) a la justicia estadounidense para que cerrase procesos por corrupción en otros cinco países (Egipto, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait), en el marco de un acuerdo de conciliación.
El mes pasado, el grupo había precisado que ya había transmitido su investigación interna relativa a Irak a la justicia estadounidense en ese mismo contexto.
Pero el Departamento de Justicia (DoJ) estadounidense advirtió el martes a Ericsson que consideraba “insuficiente” la información brindada.
Por otra parte, arguye que el número 2 mundial en equipos de telecomunicaciones ha “violado el acuerdo transaccional” al no haber demostrado transparencia desde su conclusión, hace ya dos años.
Ericsson, que mantiene “comunicación con el DoJ”, cree que “a esta altura es prematuro predecir el veredicto de este caso”.
En una teleconferencia de urgencia, el director general del grupo, que cuenta con unos 100,000 empleados, se negó a evaluar cuál podría ser el riesgo financiero para la empresa.
“Nos tomamos todo esto muy en serio”, indicó Börje Ekholm, citando los esfuerzos “culturales” del grupo para combatir cualquier forma de corrupción.
Desde los primeros comunicados de Ericsson respecto a este caso, las acciones del grupo han perdido más de un tercio de su valor.
Tras haber perdido celeridad a mediados de la década del 2010, sobre todo a causa del gran avance del chino Huawei, que le birló el puesto de número 1 mundial del sector, Ericsson lanzó en el 2017 un amplio plan que le permitió recuperarse en buena parte.
En la actualidad, el grupo mantiene una feroz batalla a nivel con global con Huawei y la finlandesa Nokia para implementar las redes 5G en todo el mundo, en el contexto de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China por este sector.
El mismo es uno de los raros dominios tecnológicos en los que no hay un peso pesado estadounidense, tras la compra de Lucent por parte de Alcatel, a su vez fagocitada por Nokia a fines del 2016.