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La fusión de las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas dará origen, a partir del 1 de enero, a la empresa pública más grande de Ecuador, que arrancará con más de 10,000 empleados, dijo el ministro ecuatoriano de Energía, René Ortíz.
“El proceso de reunificación quiere decir, en esencia, restaurar la cadena de valor”, que involucra la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización nacional e internacional, explicó.
Dicha cadena se rompió cuando a la original estatal Petroecuador se la dividió en dos durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), recordó el funcionario.
Gigantesca empresa pública
La reunificación busca hacer más eficiente el trabajo, lo que implicará una simplificación en procedimientos, así como en la plantilla de empleados.
La fusión llevará a tener una entidad “con más de 10,000 personas, lo que le convierte en la empresa más grande del país, la más gigantesca”, comentó al subrayar que “habrá desvinculaciones, sin la menor duda”.
Avanzó que una consultora “totalmente neutral” realizará una evaluación de las competencias de los empleados, durante el primer trimestre del 2021, para determinar el personal con el que finalmente se quedará la nueva empresa.
“No hay una definición” aún respecto al personal que se mantendrá tras la evaluación en la que se tomará en cuenta la formación profesional, experiencia en el sector, el plan de carrera y los resultados de evaluaciones periódicas, dijo.
El ministro estimó que en abril se conocerá quiénes se quedan en la empresa nueva petrolera y apuntó que la misión con la que debe arrancar en el 2021 será “mejorar su productividad, su eficiencia. Ser la mejor”.
Con proyecciones basadas en cifras del 2019, la entidad fusionada tendrá un patrimonio de unos US$ 18,161 millones, activos por alrededor de US$ 23,408 millones y pasivos aproximados de US$ 5,246 millones, detalló el ministro.
Tras la restauración de la cadena de valor, analizarán la posibilidad de convertir a la nueva entidad “en una empresa realmente autónoma”, dijo al anotar que una opción podría ser su “bursatilización”, aunque para ello hay aún camino por recorrer e incluye el análisis y la aprobación, o no, de la Asamblea Nacional.
En su opinión, “una vez restaurada la cadena de valor, hay que proponer un cambio jurídico de la empresa” hacia una “compañía por acciones”, en la que el control seguiría estando en manos del Estado.
Esa figura le permitiría entrar fácilmente en el mercado financiero para poder subvencionar sus actividades futuras, anotó el ministro al insistir en la necesidad de que la nueva empresa tenga autonomía.