Deuda de Venezuela: los mercados financieros no son su enemigo

El 16 de octubre, la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York desestimó una demanda del gobierno de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otras 57 naciones reconocen como presidente legítimo de Venezuela, de invalidar US$ 1,700 millones en bonos con vencimiento en el 2020 que habían sido emitidos en el 2016 por la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La decisión ha avivado los temores de la pérdida de Citgo, la refinería estadounidense propiedad de PDVSA, cuyas acciones se utilizaron como garantía para la emisión. Este escenario es poco probable, pues las sanciones de Estados Unidos prohíben la incautación de activos venezolanos.

Incluso si el Departamento del Tesoro decide permitirla, es viable llegar a una solución negociada entre los acreedores y el Gobierno interino de Venezuela para refinanciar la deuda contraída.

Sin embargo, el juicio dejó en evidencia algo mucho más preocupante que una improbable incautación de Citgo: la desafortunada decisión de la Administración Guaidó de intentar arrastrar a los inversionistas internacionales a la polarizada arena política venezolana.

No sólo esta demanda fue mal aconsejada, sino que también es un reflejo de la tendencia autodestructiva del equipo de Guaidó, que considera a cualquier grupo que no respalde a plenitud su estrategia –en este caso un grupo de tenedores de bonos que incluye algunos de los fondos de inversión más importantes del mundo– como un enemigo.

Este comportamiento ayuda a explicar por qué su apoyo internacional y sus posibilidades de llegar al poder están disminuyendo.

La decisión de la jueza Failla afirma un principio esencial para el funcionamiento de los mercados crediticios internacionales: no se puede permitir que los gobiernos anulen las deudas de manera retroactiva. Los gobiernos soberanos de todo el mundo convergen en los mercados financieros de Nueva York y emiten obligaciones sujetas a las leyes de esa jurisdicción precisamente porque confían en la protección de los derechos de propiedad.

Si la afirmación de un gobierno de que una obligación pasada es inválida fuera suficiente para anular sus compromisos financieros, los mercados de deuda soberana se paralizarían, con consecuencias desastrosas para los países en desarrollo que dependen de ellos para satisfacer sus necesidades financieras.

Sin embargo, tal vez lo más sorprendente del fallo fue la desestimación por parte del tribunal de la afirmación por parte del Gobierno interino de que la Asamblea Nacional de Venezuela había invalidado los bonos al denegar la autorización para su emisión en el 2016.

“El argumento de los demandantes no se sostiene bajo una inspección cuidadosa... porque carece de soporte en el simple lenguaje de las Resoluciones”, escribió la jueza Failla.

El tribunal tampoco dio crédito a la afirmación del equipo de Guaidó de que algunas de las firmas de gestión de activos más grandes del mundo se habían confabulado con el régimen de Maduro para emitir deuda fraudulenta.

Si la Asamblea Nacional hubiera intentado invalidar los bonos en el momento de su emisión, entonces el tribunal le habría otorgado la deferencia que generalmente se da a los Actos de Estado de un país y tal vez podría haber decidido que los bonos eran inválidos.

Pero el tribunal encontró, en cambio, que la afirmación de que el Poder Legislativo había intentado invalidar la obligación en el 2016 no era veraz.

Para entender por qué la Asamblea Nacional evitó invalidar los bonos en el momento de la emisión, debemos considerar lo que estaba sucediendo en Venezuela en el año 2016. La oposición acababa de obtener una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional y estaba presionando para convocar a un referéndum revocatorio que, de haberse efectuado, seguramente hubiese llevado a la remoción de Maduro.

Los mercados estaban entusiasmados con las perspectivas de cambio político en Venezuela; la oposición no quería enemistarse con ellos bloqueando una operación y precipitando una cesación de pagos. Por lo tanto, cuando se discutió la operación en el foro de la Asamblea, los legisladores optaron por expresar su desacuerdo con el uso de las acciones de Citgo como garantía, pero no llegaron a cuestionar la validez legal de fondo.

Entonces, ¿por qué el equipo de Guaidó intentó afirmar que la legislatura hizo algo que no hizo? La respuesta está en la dinámica de las decisiones de política dentro de la Administración Guaidó.

El equipo de políticas de Guaidó está dirigido por académicos que tienen una visión fundamentalmente hostil hacia los mercados financieros internacionales. Este grupo es distinto de –y, de hecho, no está de acuerdo con– muchos de los legisladores que optaron por no impugnar la validez del bono en el 2016.

Es un grupo que cree que los inversionistas internacionales han apuntalado al régimen de Maduro y deberían ser castigados por hacerlo. También afirman que todas las elecciones celebradas en Venezuela durante las últimas dos décadas han sido fraudulentas, y que cualquiera que haya invertido en el país desde que Chávez llegó al poder ha ayudado a cimentar una dictadura.

Estas afirmaciones son altamente problemáticas. Los observadores internacionales que estuvieron presentes en la mayoría de las elecciones venezolanas hasta el 2015 no encontraron evidencias de fraude. Hugo Chávez fue muy popular durante sus 14 años en el poder (de hecho, todavía lo es) y pudo fácilmente lograr la reelección varias veces.

La realidad es que el trágico desliz de Venezuela hacia el autoritarismo es relativamente reciente. Hasta hace unos años, Venezuela era un país mal administrado, pero no era una dictadura.

El 97% de la deuda de Venezuela en bonos que ahora están en manos de inversionistas internacionales se emitió en el 2014 o antes, cuando no había dudas sobre la legitimidad democrática del gobierno que la emitía. Incluso una parte se emitió antes de que Chávez llegara al poder en 1999.

Si bien es cierto que los gobiernos en cuestión administraron pobremente a Venezuela, también es cierto que muchos de los inversionistas que adquirieron esa deuda estaban apostando a que la oposición llegara al poder y arreglara la economía.

Sin embargo, el sentimiento anti-Wall Street es fuerte entre los grupos de línea dura de la asediada oposición. En su opinión, quien no está del lado de la oposición es un aliado de Maduro. El clima es tan hostil que la jueza Failla consideró necesario emitir una orden para proteger la identidad de uno de los testigos expertos de los acusados, después de que funcionarios de Guaidó amenazaron a cualquiera que testificara a favor de los bonistas.

En ese sentido, la actitud de la Administración de Guaidó hacia los mercados internacionales se asemeja a su actitud hacia otros actores políticos, como las fuerzas armadas, los empresarios, los partidos de oposición moderada o los movimientos políticos de centro izquierda fuera de Venezuela.

Al encasillar a todos los que no están de acuerdo incondicionalmente con su estrategia como colaboracionistas, la oposición se ha alejado de muchos aliados potenciales. De ahí que su apoyo y sus posibilidades de tomar el poder se encuentren tan mermadas.

Cuando Venezuela recupere su democracia, el éxito de un enorme esfuerzo de reconstrucción económica dependerá del acceso al apoyo de organismos multilaterales, los mercados de capital y la inversión privada. Deben ser vistos y tratados como aliados, no como adversarios, en la reconstrucción de lo que alguna vez fue uno de los países más ricos y desarrollados de América Latina.