La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad -esta mañana- un dictamen que autoriza a las empresas del sector privado la “adquisición, importación distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna” contra el COVID-19 en todo el territorio nacional.
“El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas”, refiere la norma
El dictamen aprobado por el grupo parlamentario también autoriza a los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que importen, almacenen, distribuyan y apliquen de vacunas contra el COVID-19 en todo el territorio nacional.
Se establece, además, que el proceso de vacunación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales debe hacerse manera gratuita.
La cantidad de vacunas que podrá adquirir el sector privado deberá hacerse bajo los siguientes criterios:
- El número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual.
- El número de personas que componen el núcleo familiar de los trabajadores.
- El número de vacunas para asistencia social que no podrá ser menor al 30% del resultante de la suma de trabajadores dependientes más el personal del núcleo familiar.
También se plantea en la norma que deberá ser el Ministerio de Salud (Minsa) la entidad encargada de autorizar a las empresas del sector privado a adquirir y aplicar vacunas contra el COVID-19.
El presidente de la referida comisión, Anthony Novoa Cruzado, destacó que el dictamen aprobado recoge 20 iniciativas de diversas bancadas referidas a que el sector privado tengo un rol más activo en el proceso de vacunación contra el COVID-19.
“Es un dictamen multipartidario que recoge la propuesta de la mayoría de bancadas que han presentado su proyecto de ley”, sostuvo.