Un reciente cambio en los protocolos oficiales ha transformado el panorama para quienes buscan refugio en los Estados Unidos, una medida que, según expertos en temas migratorios, aumente considerablemente el riesgo de que las solicitudes de asilo político sean rechazadas. Ante la incertidumbre generada por este ajuste, resulta fundamental que comprendas los alcances de esta renovada normativa y el impacto que tendrá en tu futuro si optas por este camino legal.
La modificación se anunció oficialmente el pasado sábado 11 de abril, mediante un memorando publicado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de este país.
En dicho documento se suscribe que los jueces de inmigración quedan eximidos de la obligación de realizar interrogatorios o agendar audiencias si consideran que la solicitud presentada carece de fundamentos legales necesarios.
La finalidad de esta decisión es agilizar el proceso de los casos de asilo político que se mantienen pendientes por un buen periodo de tiempo.
El ajuste tendría un impacto considerable a los solicitantes con casos pendientes que carecen de pruebas suficientes para validar el riesgo que correrían sus vidas al retornar a sus países de origen. Para los especialistas en migración, los principales perjudicados serán aquellos que realizaron una petición sin la asesoría legal adecuada.
“Como hay cuatro millones de casos pendientes que no haya cómo deshacerse de los casos y parar el embotellamiento. Va a ayudar con el flujo de inmigración, pero perjudicará a las personas a tener un recurso ante un juez”, declaró la letrada Alma Rosa Nieto a Telemundo 52.
Lo común sería que un caso de asilo político se resuelva en periodo de 4 a 5 años, pero con esta nueva medida, el solicitante podría recibir una respuesta en el menor tiempo posible, aunque no garantiza que su solicitud haya sido aprobada.
Para la abogada Nieto, los postulantes que cuentan con un permiso temporal mientras esperan una resolución sobre su caso corren el riesgo de perder dicho beneficio, y, en el peor de los casos, enfrentar un proceso de deportación.
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