Si la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) avanza con los nuevos requisitos de elegibilidad para los programas de incapacidad en 2026, hasta 750,000 personas podrían perder sus beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Conoce qué cambios se analizan, a quiénes impactarían y por qué generan tanta preocupación entre expertos y organizaciones como AARP y el Urban Institute.
Un estudio reciente del Urban Institute, con sede en Washington D.C., revela que el Seguro Social está considerando reducir el peso de la edad en la evaluación de las solicitudes de discapacidad. En la actualidad, esta variable es crucial para determinar si un trabajador con limitaciones médicas puede adaptarse a otro empleo. La medida, de concretarse, afectaría especialmente a adultos mayores que ya enfrentan barreras laborales crecientes debido a su edad o a condiciones de salud.
El documento presentado por la Administración del Seguro Social (SSA) ante la Oficina Federal de Información y Asuntos Regulatorios plantea modificaciones en el proceso de adjudicación de discapacidades. La SSA sostiene que busca “garantizar que nuestro programa de discapacidad se mantenga actualizado y pueda administrarse de manera más eficiente”. Añade que esto incluye proponer actualizaciones de las políticas sobre las fuentes de datos ocupacionales y optimizar su uso para atender a nuestros clientes y preservar los fondos fiduciarios.
Sin embargo, el informe del Urban Institute advierte que si la SSA da menos peso a la edad, las personas mayores tendrían menos probabilidades de calificar. “La magnitud del impacto que tendría en tantos trabajadores mayores es sumamente alarmante”, comentó Rebecca Vallas, directora ejecutiva de la Academia Nacional de Seguros Sociales.
Jack Smalligan, autor principal del estudio, estimó que la elegibilidad general podría disminuir hasta un 20%, y en el caso de los mayores de 50 años, hasta un 30%. Según las estimaciones del Urban Institute, una reducción del 10% equivaldría a 750,000 personas menos recibiendo el SSDI o el SSI durante la próxima década.
Las organizaciones que defienden a los beneficiarios del Seguro Social advierten un cambio notable en las tendencias de aprobación y rechazo de solicitudes por discapacidad. Los datos del Urban Institute y de la propia Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) evidencian un escenario cada vez más restrictivo:
Kathleen Romig, directora de políticas de Seguridad Social y Discapacidad del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, señaló que aún no hay fecha confirmada para la publicación de la nueva norma. “Los defensores esperaban su presentación antes de fin de año, pero el cierre del gobierno podría alterar este cronograma”, advirtió.
Una vez que la propuesta se publique oficialmente, se abrirá un período de consulta pública durante el cual tanto organizaciones como ciudadanos podrán enviar comentarios. “Es un proceso largo, sobre todo cuando se trata de una norma con alto impacto y gran volumen de participación”, añadió Romig.
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