Un nuevo capítulo se abre para millones de propietarios de viviendas en California. A partir de este verano, las asociaciones vecinales —conocidas como HOA— ya no podrán imponer sanciones por cientos o incluso miles de dólares ante infracciones cotidianas. Descubre cuál es el nuevo límite de la multa y el verdadero impacto económico en las comunidades.
La decisión se enmarca en plena crisis de asequibilidad de la vivienda, después de que el Proyecto de Ley 130 de la Asamblea y otras reformas estatales impulsadas por legisladores como Buffy Wicks y Aisha Wahab fueran aprobadas el 1 de julio. Para los defensores, el límite protege a residentes de ingresos medios y bajos, mientras que las juntas directivas alertan sobre la pérdida de autoridad para hacer cumplir las normas vecinales.
La reforma legal entró en vigor el 1 de julio de 2025, estableciendo un tope de US$100 para las multas que las asociaciones de propietarios de viviendas pueden imponer por infracciones comunitarias. Hasta entonces, las sanciones alcanzaban cifras muy superiores; abogados como Edward Susolik recuerdan: “He visto casos extremos, y las asociaciones imponían multas de miles de dólares y ejecutaban hipotecas”. Mientras juntas de propietarios temen perder autoridad, los dueños de viviendas celebran un fin a lo que consideraban “castigos desorbitados” por faltas menores. “En general, parece razonable reducir esas multas, ya que es uno de los mayores problemas de vivir en California, debido a la gran facultad que tienen las asociaciones para hacer cumplir sus normas”, señala Susolik.
Las asociaciones vecinales —conocidas como HOA— regulan el comportamiento y los estándares de más del 65% de los propietarios en el estado de California: hay más de 50,000 asociaciones vigentes. Según la Oficina del Censo, el 67% de las nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos están en comunidades con HOA y, en California, la cuota mensual promedio alcanzó los US$278, una de las más altas del país. Estas asociaciones, gestionadas por juntas elegidas entre los residentes, han sido objeto de frustración y controversia por décadas. Para Marjorie Murray, del Centro de Derecho de Asociaciones de Propietarios, la nueva ley establece un cambio de control necesario: “La junta directiva declara culpable al propietario hasta que este demuestre su inocencia”, denuncia.
El nuevo límite de US$100 no se aplica en casos donde la infracción afecta directamente la salud o seguridad pública de la comunidad. La ley también prohíbe recargos por mora e intereses adicionales, aunque otorga flexibilidad para condonar cuotas una vez cobradas. Louis Brown, abogado de Community Associations Institute, matiza: “Lo que promovíamos era una mayor transparencia y notificación de las multas impuestas a las asociaciones, evitando por completo cualquier límite máximo”; se sorprendieron al ver el texto final restringiendo los montos.
La mayoría de las disputas vecinales se resuelven de manera informal, pero en casos extremos la disminución del monto de las multas podría afectar la “herramienta de control” de las juntas, advierte David Zepponi, del Consejo Ejecutivo de Propietarios. Un vecino reincidente podría preferir pagar la multa antes que asumir costos mayores —como el almacenamiento de una autocaravana—, afectando la convivencia. Sin embargo, Louis Brown sostiene que el cambio no supone un peligro financiero para las asociaciones: “No se espera que el cambio afecte financieramente a las asociaciones, ya que las multas no representan una parte significativa de sus ingresos”. Para los residentes, la reforma representa un alivio económico, como subraya la senadora Aisha Wahab: “Limitar las multas —excepto en casos de salud y seguridad— establece estándares justos, protege el patrimonio familiar y, finalmente, pone a propietarios y juntas directivas en igualdad de condiciones”.
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