A partir de 2026, los residentes de Oregón podrían recibir un reembolso de hasta US$1,600, una medida que promete aliviar las tensiones financieras que enfrentan muchas familias en el estado debido al aumento de los costos de vivienda y servicios esenciales. Sin embargo, para que esto suceda, el 5 de noviembre se tomará una decisión crucial durante las elecciones: los votantes de Oregón decidirán si aprueban la controvertida Medida 118, una iniciativa que podría reconfigurar el panorama fiscal del estado.
Mientras algunos celebran la posibilidad de recibir este dinero adicional, otros advierten sobre los riesgos económicos que podrían traer consigo, desde el aumento de precios hasta posibles recortes en los servicios públicos. ¿Será esta medida un alivio para los ciudadanos o una carga para la economía de Oregón?
La Medida 118 es una propuesta clave que los votantes de Oregón deberán decidir en las próximas elecciones. Si es aprobada, proporcionará un pago único de hasta US$1,600 por persona, con un límite de seis miembros por familia. Este pago de estímulo podría ser otorgado en forma de crédito tributario reembolsable o un reembolso en efectivo, dependiendo de los detalles finales de la implementación.
La propuesta está diseñada para aliviar las presiones económicas de los residentes de Oregón, beneficiando a aproximadamente cuatro millones de personas que se han visto afectadas por el aumento de los costos de vivienda, atención médica y otros servicios esenciales.
La propuesta se financiaría a través de un impuesto del 3% sobre los ingresos de las grandes corporaciones con ventas superiores a los US$25 millones anuales dentro del estado. La idea es que, al imponer esta tasa, se genere un fondo que luego se redistribuiría entre todos los residentes de Oregón, sin importar su nivel de ingresos. Los defensores de la medida argumentan que esto ayudará a reducir la desigualdad económica y proporcionará un alivio directo a las familias de clase trabajadora, lo que, según ellos, impulsará la economía local.
la Medida 118 no ha estado exenta de críticas. Uno de los principales puntos de controversia es el impacto potencial que podría tener sobre las empresas del estado. Los opositores a la medida advierten que el aumento en los impuestos corporativos podría generar un incremento en los precios de los productos y servicios, afectando a los consumidores. También se teme que la medida cree una carga adicional sobre las pequeñas empresas y las empresas familiares, que podrían verse forzadas a trasladar esos costos a los precios de venta para mantener sus márgenes de ganancia.
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