El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de 31 migrantes durante un operativo coordinado en Laredo, el sur de Texas. La operación, realizada en colaboración con agencias federales, estatales y locales, tenía como objetivo reforzar la seguridad pública.
Según el comunicado oficial de ICE, la redada de un día de duración fue ejecutada por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes llevaron a cabo verificaciones de antecedentes.
Los detenidos, originarios de México, Honduras y El Salvador, se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y ahora están bajo custodia de ICE en proceso de deportación.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que varios de ellos tenían antecedentes penales, lo que agravó su situación migratoria. Algunos enfrentan cargos por agresión sexual agravada, violencia doméstica, posesión de drogas, violación de libertad condicional, evasión de arresto y hasta amenazas terroristas contra miembros del hogar.
En el marco de estas acciones, ICE recordó que la ley federal exige a todos los empleadores verificar la identidad y elegibilidad de los trabajadores que contratan. Para ello deben completar el Formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo. El programa de inspección I-9 es una herramienta clave para detectar contrataciones ilegales y disuadir a empresas de emplear trabajadores sin autorización.
Este tipo de operativos ha generado un debate creciente en el país. Mientras sectores conservadores aplauden las medidas como necesarias para mantener el orden y proteger empleos legales, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes critican que estas acciones aumentan el miedo en las comunidades y pueden llevar a abusos o detenciones arbitrarias.
ICE destacó que estas operaciones en lugares de trabajo forman parte de su estrategia para hacer cumplir las leyes laborales y descubrir actividades criminales adicionales como tráfico de personas y explotación laboral. Sin embargo, aclaró que los operativos en lugares de trabajo no son aleatorios. Se realizan tras investigaciones previas que indican la posible contratación de empleados no autorizados.
Estas inspecciones se enfocan especialmente en industrias como la construcción, agricultura, limpieza y servicios de comida, donde históricamente se ha detectado mayor presencia de empleados sin autorización legal.
Las sanciones económicas por contratar a un migrante sin documentos varían dependiendo de la cantidad de infracciones y si la empresa es reincidente. Para una primera infracción, la multa puede oscilar entre US$627 y US$5,016 por trabajador no autorizado. En casos repetidos, las sanciones pueden subir hasta US$25,076 por empleado, según la tabla actualizada del Departamento de Justicia.
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