La postura de Donald Trump sobre la inmigración ha sido uno de los temas más polémicos y divisivos en la política nacional desde que asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017. Durante su campaña electoral de 2016, Trump convirtió la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en uno de sus pilares principales, prometiendo la expulsión de millones de personas sin estatus legal. Este enfoque, que fue central en su política de “America First”, incluyó la construcción de un muro fronterizo con México y la implementación de medidas cada vez más severas para restringir la entrada y permanencia de estos ciudadanos. A pesar de las numerosas críticas, el presidente electo en 2024 ha reafirmado su intención de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE. UU.” durante su segundo mandato. Ante esta amenaza, California, que ha sido un refugio para millones de inmigrantes, se ha posicionado como uno de los estados más decididos a oponerse a sus políticas y ha adoptado medidas para proteger a aquellos que el gobierno federal planea expulsar.
El gobernador de California, Gavin Newsom, no tardó en responder a la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2024. Apenas 48 horas después señaló: “Las libertades de las que gozamos en California están bajo ataque y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hemos hecho frente a este desafío antes y sabemos cómo responder”. Con estas palabras, dejó claro que su estado no cedería ante las amenazas de deportación que se ciernen sobre millones de residentes indocumentados.
Como primera acción, Newsom convocó una sesión extraordinaria del Congreso estatal para el 2 de diciembre de 2024, con el fin de discutir opciones legales y aumentar los fondos destinados a litigios contra las políticas de Trump. California, que con casi 39 millones de habitantes es el estado más poblado del país, alberga a más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, y aproximadamente 1.8 millones de ellas no tienen estatus legal. En un contexto donde el nuevo presidente ha prometido implementar medidas más estrictas, este estado se presenta como un contrapeso fundamental para defender los derechos de los inmigrantes.
California, además de ser el estado con la población inmigrante más grande, ha tomado medidas concretas para proteger a los indocumentados. Desde 2017, con la Ley de los Valores de California (SB 54), se prohibió que las fuerzas policiales estatales y locales colaboraran con las autoridades federales en cuestiones migratorias. Esta ley ha sido un pilar fundamental para convertir al estado en un “santuario” para inmigrantes. La legislación impide que las autoridades locales detengan o entreguen a indocumentados a las agencias federales, a menos que se trate de delitos graves. Este tipo de medidas ha fortalecido la protección a las familias inmigrantes, muchas de las cuales incluyen a niños nacidos en EE. UU. pero cuyos padres se encuentran en situación irregular. De acuerdo con el Pew Research Center, California tiene más de 1.8 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales han formado familias con ciudadanos estadounidenses. Las políticas de protección estatal son vistas como una barrera para las amenazas de deportación masiva que propone el gobierno de Trump.
A nivel local, varias ciudades californianas han tomado medidas adicionales para proteger a sus residentes indocumentados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una ordenanza en 2023 para fortalecer el estatus de “ciudad santuario”, que prohíbe a los empleados municipales colaborar con las autoridades de inmigración federales. La concejal Nithya Raman explicó que esta ordenanza “evitará que las agencias federales de inmigración accedan a las instalaciones de la ciudad y que echen mano de los recursos municipales”. San Francisco, otra ciudad emblemática de California, también ha adoptado políticas similares, e incluso ha demandado al gobierno de Trump en varias ocasiones, defendiendo el derecho de las ciudades a manejar sus propias políticas migratorias sin interferencia federal. El fiscal de San Francisco, David Chiu, ha señalado que usará todas las herramientas legales a su disposición para proteger a los inmigrantes de las deportaciones federales.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la administración Trump no ha mostrado señales de retroceder en su compromiso de deportar a los inmigrantes indocumentados. Tom Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer mandato del empresario, ha advertido que “nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”. A pesar de estas amenazas, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha asegurado que el estado brindará asistencia legal y garantizará que los inmigrantes tengan acceso a un proceso justo. Sin embargo, Bonta también ha reconocido que, aunque California puede proporcionar apoyo y recursos legales, no tiene la autoridad para evitar las deportaciones dictadas por el gobierno federal.
La amenaza de deportación masiva no solo representa una crisis humanitaria, sino que también podría tener efectos devastadores sobre la economía del estado. Sectores clave como la agricultura y la construcción dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante indocumentada. En algunas regiones de California, los trabajadores sin papeles constituyen hasta el 70% de la fuerza laboral en la agricultura, un sector vital para la economía del país. California, conocida como el granero de EE. UU., produce una parte significativa de las frutas y verduras que abastecen al mercado nacional e internacional. Por lo tanto, la deportación masiva de inmigrantes no solo sería un golpe para los derechos humanos, sino también para el sustento económico de muchas familias y comunidades californianas.
Ante esta situación, el gobierno de California continúa defendiendo su postura y tomando medidas para fortalecer las protecciones para los inmigrantes. La respuesta del estado es clara: California no permitirá que las políticas de Trump desmantelen las libertades y derechos de los inmigrantes, y buscará, a través de recursos legales y medidas legislativas, blindar a sus ciudadanos de las amenazas de deportación que plantea la administración federal. A medida que las políticas de inmigración se convierten en una de las principales batallas entre el gobierno estatal y el federal, California se mantiene firme en su compromiso de ser un refugio para aquellos que, a pesar de no tener papeles, han hecho de este estado su hogar.
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