A través de la campaña “No todo lo que suena bien, termina bien”, ASBANC y ASOMIF buscan informar sobre los efectos de esta nueva ley en la población. (Foto: Shutterstock)
A través de la campaña “No todo lo que suena bien, termina bien”, ASBANC y ASOMIF buscan informar sobre los efectos de esta nueva ley en la población. (Foto: Shutterstock)

Aunque el proyecto de ley de tope de intereses promete proteger a los consumidores, este no considera los efectos adversos, como el proceso de inclusión financiera de las pequeñas empresas y los ciudadanos de menores ingresos. Por eso, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), junto con la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), lanzaron la campaña “No todo lo que suena bien, termina bien” a través del sitio web .

El propósito es informar sobre las consecuencias que puede tener poner límites a las tasas de interés que cobran las instituciones financieras. Según explican las mencionadas asociaciones, las tasas de interés están basadas en la capacidad de pago que tienen las personas o negocios. Para poder operar con seguridad, las entidades deben asumir riesgos, y mientras mayor sea este, necesitan cobrar más.

Por ello, lejos de beneficiar a los peruanos, establecer un tope perjudicará a quienes se incorporan por primera vez o se reincorporan al sistema financiero formal, así como a la población de bajos recursos y, por tanto, con menor capacidad de cumplir con sus pagos. Esto podría dejar a casi tres millones de peruanos sin acceso a crédito (1.8 millones en consumo, 310 mil en pequeña empresa y 768 mil en microempresa).

MÁS EFECTOS DE LA LEY

Otro dato para tener en cuenta. Actualmente, las microfinancieras atienden a 1.3 millones de clientes mype. De acuerdo con el área de Estudios Económicos de ASBANC, si se impusiera como tasa máxima 1.5 veces la tasa promedio actual, 24 entidades especializadas en brindar préstamos de consumo y MYPE estarían forzadas a dejar de operar, por lo tanto, no podrían seguir brindando apoyo financiero a sus clientes con menos recursos, que son los que más lo necesitan.

La campaña busca dar a conocer que con dicha ley millones de peruanos podrían caer en las manos de prestamistas informales, quienes trabajan al margen de la ley y no ofrecen ningún tipo de garantía, exponiendo a los usuarios a cobros abusivos o ilícitos. En cambio, con los prestamistas formales, personas del segmento C y D han mantenido un buen historial crediticio en 2018, y luego de dos años, redujeron su tasa de interés anual de 81% a 44%.

Por otro lado, uno de los países que ha aplicado dicha ley es Colombia. En el 2000 se realizaron topes a las tasas, y 12 años después, el microcrédito brindado por el sistema financiero era menos del 3% del crédito total. En cambio, en el Perú fue del 12% en dicho año.

Finalmente, en los últimos 20 años el número de personas que han accedido a créditos en el sistema financiero peruano se ha quintuplicado. En la primera publicación del Microscopio Global realizado por The Economist Intelligence Unit en 2007, que analizó la situación de 55 países respecto a las políticas implementadas para incrementar la inclusión financiera, hasta su última publicación en 2019, Perú se encuentra entre el primer y segundo lugar. Poner límites a las tasas de interés se convertiría, a la larga, en un retroceso que se podría evitar.

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