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La situación del vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se complica. A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de peculado de uso.
La medida también alcanza al empresario minero Eloy Edgar Saxi Arapa y a la asesora parlamentaria Saby Sonia Meza Malqui, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal.
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“Según la noticia criminal, presentada en un programa dominical, el parlamentario y su asesora, habrían intercedido irregularmente a favor del empresario minero Eloy Saxi Arapa durante una audiencia de vista de la causa realizada ante el Consejo de Minería del MINEM, en el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO, a quien en primera instancia el Gobierno Regional de Madre de Dios lo había excluido del citado registro”, informaron en el texto.
En ese sentido, la PGE pidió como actos de investigación, entre otros, las declaraciones de los presuntos implicados, así como que se recabe la documentación vinculada al proceso de formalización minera, con la finalidad de esclarecer objetivamente los hechos materia de denuncia.
“La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la protección de los intereses del país, así como defender y cautelar los derechos e intereses del Estado en todas las instancias públicas en las que tenga competencia”, finaliza el comunicado.
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¿De qué trata la denuncia?
Punto Final reveló en marzo pasado que Salhuana y una de sus asesoras (Saby Meza) fueron abogados del minero informal Eloy Saxi, quien se habría beneficiado con la reciente derogación de una norma que buscaba frenar la expansión de la minería ilegal por parte del Parlamento.
El legislador de APP habría asesorado al empresario en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios, como consta en dos escritos de marzo y junio de 2021.
“El caso se vio en Puerto (Maldonado), en la Dirección Regional de Energía y Minas. Luego se vio en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. Se ganó en las dos instancias y ahí terminó el procedimiento en la región. Yo dejé el caso y ya eso fue en febrero, marzo, no recuerdo bien, y en abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral”, dijo el legislador.
No obstante, Salhuana habría firmado documentos como abogado de Saxi no solo cuando había terminado la campaña, sino también los comicios.
Un detalle que llama la atención es que una notificación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la audiencia de diciembre del 2022 fue entregada un mes antes a Saxi en la dirección donde funciona la oficina de enlace del despacho de Salhuana, en Puerto Maldonado.
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