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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunció ante la denuncia de Panorama de que funcionarios gestarían intereses particulares para ganar contratos con uno de los proyectos mineros más grandes del norte, el de Río Blanco Copper en Piura.
“Frente a la denuncia periodística realizada sobre una posible transgresión a las normas de transparencia la PCM ha dispuesto una investigación sumaria sobre el caso presentado”, señaló a través de un comunicado.
La PCM manifestó que cumple su rol articulador con distintas entidades del Estado y la sociedad civil entre organizaciones sin fines de lucro, colectivos civiles, sindicatos, gremios empresariales, y empresas a fin de alcanzar los objetivos de interés nacional plasmados en la política general del gobierno.
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“Funcionarios de la PCM reciben diariamente a diversos actores sociales políticos y económicos vinculados con el desarrollo del país y la solución de los conflictos sociales para lo cual deben cumplir estrictamente las normas de transparencia y ética del servidor público el ingreso estas visitas a la PCM está debidamente registrado”, anotó.
En esa línea, indicó que la PCM mantiene el compromiso con la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y rechaza los calificativos que asocien a la institución con intereses particulares.
En febrero de este año, los representantes del proyecto minero Río Blanco solicitaron una reunión formal a la PCM para viabilizar su proyecto. Para ello, dirigieron una carta a la secretaria general de la oficina de diálogo y gestión social de la PCM, Alexandra Ames.
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Desde la PCM le indicaron a la minera que la reunión formal sería el 17 febrero, sin embargo, días antes de concretarse, inexplicablemente, la empresa recibió una llamada del funcionario Martín Silvio Carbajal Zegarra, trabajador del “Fondo de Apoyo Gerencial” (FAG).
¿Qué hizo Carbajal ? Citó a dos altos representantes de la minera para el 13 de febrero a la PCM. Ellos acudieron, pero ante su sorpresa, el funcionario les presentó a dos empresarios particulares, que inicialmente se habrían hecho pasar como asesores de la PCM, luego Carbajal se retiró de la reunión y los dejo conversar.
“Los empresarios fueron Ronald Tito Lamar (supuesto asesor de la PCM y el señor Deiver Flores Orozco (supuesto representante de las municipalidades de Ayabaca y Huancabamba)”, señaló el reportaje.
Desde la empresa, se encendió la sospecha de que se trataría de una tema de corrupción.
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