El fiscal investiga a Keiko Fujimori y Fuerza Popular como una presunta organización criminal en el caso Odebrecht. (Foto: César Campos)
El fiscal investiga a Keiko Fujimori y Fuerza Popular como una presunta organización criminal en el caso Odebrecht. (Foto: César Campos)

El fiscal , del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la suspensión de actividades del partido Fuerza Popular por dos años y medio.

La medida llega después de que el pasado 21 de noviembre de 2019, el juez Víctor Zúñiga incluyó como persona jurídica al partido en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal.

De acuerdo al documento fiscal al que accedió Gestión del 17 de julio, Pérez advierte a Zúñiga una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó el partido naranja entre los años 2017 y 2018.

En dichos años, el objetivo de Fuerza Popular era modificar el etiquetado de octágonos con los colores blanco y negro con mensajes claros a una especie de semáforos, con colores verde, amarillo y rojo y cifras.

Sin embargo, en el documento no se aclara este proceso parlamentario tiene relación con Odebrecht u otras empresas con la bancada liderada por Keiko Fujimori. Ahora corresponde al juez fijar la fecha de la audiencia y así resolver la solicitud del Ministerio Público.

Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.

A cambio de este aporte, una vez en el poder, Fujimori debía entregar a la constructora brasileña “la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.

“Esto se ocultó a través de actividades proselitistas, como los cócteles o las campañas para recaudación de fondos”, señaló Pérez en distintas audiencias. Por esta razón, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori el 31 de octubre del 2018.