:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3MD72M6C3RFIVHRKT6I2Q7OVTY.jpeg)
A pesar de estar impedidos de realizar contrataciones con el Estado, la Contraloría General de la República detectó la presencia de 2,200 proveedores que llevaron a cabo contratos por un valor total de S/ 584 millones.
La Contraloría informó que este hallazgo fue posible por medio del uso de inteligencia artificial para el control gubernalmental.
Esta información fue relevada durante la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023, denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”.
LEA TAMBIÉN: La IA en empresas del Perú: los pasos del BCP, Creditex, Romex, Scharff y Space AG
Conclusiones del evento
Los expertos que participaron en la CAII 2023 coincidieron en que en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial.
Por ese motivo, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.
En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. En ese orden de ideas fue como se encontró el último hallazgo respecto a los proveedores que contrataron irregularmente con el Estado.
LEA TAMBIÉN: Entendiendo el Debate: Sam Altman y la perspectiva de OpenAI sobre la Inteligencia Artificial
Esto permitió que se detectaran cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, señaló la Contraloría.
La CAII 2023 también permitió a la Contraloría General del Perú compartir su experiencia con la aplicación del control concurrente y su efectividad en la supervisión de la ejecución de los presupuestos públicos.
“En consecuencia, no existe temor fundado que nos impida la aplicación de la Inteligencia Artificial porque su uso es crucial en la lucha anticorrupción. Recordemos lo que decía David Colmenares, Auditor Superior de la Federación de México, que las tecnologías de la información no sustituyen, de ninguna manera, el trabajo físico y presencial de los auditores, sino que lo complementa y potencia”, subrayó el ente de control.
En otro momento se destacó el éxito de Brasil al emplear un aplicativo de Inteligencia Artificial, denominado Alice, trabajando con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para revisar las contrataciones públicas, detectando posibles irregularidades. Por su parte, la Contraloría General del Perú compartió su experiencia en el control concurrente, enfocado en la supervisión efectiva de los presupuestos públicos.
El uso de la Inteligencia Artificial fue resaltado como fundamental en la lucha contra la corrupción, según el ente de control, enfatizando su papel complementario al trabajo físico de los auditores. Se subrayó que las contrataciones públicas son escenarios frecuentes de corrupción, con consecuencias negativas tanto económicas como sociales.
LEA TAMBIÉN: Inteligencia Artificial: Contratación de perfiles especializados aumenta
Se planteó la evaluación del desempeño de los proveedores del Estado con Inteligencia Artificial, presentando el Índice de Riesgos de Inversión en el marco del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023 el próximo año. Robert Klitgaard, experto en temas anticorrupción, propuso reducir la discrecionalidad en las decisiones y aumentar la transparencia en las contrataciones, además de convocar a un focus group anónimo con proveedores para identificar trampas de corrupción.
Finalmente, se enfatizó la necesidad de sancionar de manera ejemplar a quienes infringen la ley, subrayando que la potestad sancionadora es crucial en la administración pública. Sin embargo, se identificaron desafíos para fortalecer el sistema sancionador, como la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos, y se resaltó la importancia de promover la ética en la gestión pública en la lucha contra la corrupción.