El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió al Congreso de la República que archive el proyecto de ley que les remitió el Poder Ejecutivo, el cual propone que se sancione con prisión la difusión de información reservada en investigaciones penales.
“El Consejo de la Prensa Peruana pide al Congreso que archive el proyecto de ley mordaza presentado ayer por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa busca que se castigue con hasta cuatro años de cárcel a jueces, fiscales, abogados o policías que difundan a periodistas información fiscal reservada sobre casos penales”, indicó la entidad de un comunicado.
Como se recuerda, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció la presentación de este proyecto de ley en junio pasado, basándose en que las filtraciones afectan el debido proceso, sin embargo, precisó que esto no afecta a la libertad de expresión, ya que los periodistas siguen teniendo el derecho a no revelar sus fuentes de información.
Al respecto, el CPP explicó que, de aprobarse este planteamiento, la ciudadanía no podrá estar al tanto de las investigaciones por casos de corrupción, como Lava Jato, Los Cuellos Blancos y, en los últimos meses, los presuntos delitos del presidente Pedro Castillo y su entorno.
En el mismo pronunciamiento, se recordó que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios ha manifestado que este proyecto podría implicar que periodistas sean considera como “instigadores o cómplices del delito”.
Además, la asociación civil señaló que la Defensoría del Pueblo dijo que esta propuesta “irrazonable” y un “riesgo sobre la libertad de información”.
“Si el Congreso aprobara este proyecto de ley, o cualquier otro de similar contenido, estaría blindando al presidente y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por la Fiscalía”, aseveró el Consejo de Prensa Peruana.
Como se recuerda, el último miércoles el Gobierno remitió al Parlamento este proyecto de ley para su revisión y posterior debate en el Pleno.
La propuesta ”crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal” y plantea entre 2 y 4 años de prisión para los fiscales y jueces que difundan información reservada de investigaciones penales.