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La Comisión Permanente sesionará este martes 6 de julio a las 2 p.m. para revisar los informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales relacionadas a las denuncias N°434 y 451 sobre el expresidente de la República Martín Vizcarra.
Según la agenda, se trata de la acusación N°434, formulada por los congresistas Manuel Merino, Luis Roel Alva y Leonardo Inga por la presunta comisión de los delito de concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y falsificación de documentos en el marco de su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm.
Además, la acusación N°451 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, tipificados en los artículos 400, 387, 388 y 409 del Código Penal, por la presunta contratación irregular del compositor Richard Cisneros.
Esta denuncia incluye a las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible.
También se verá la denuncia 426, que fue declarada procedente en un extremo contra el expresidente Martín Vizcarra. Esta fue presentada por los congresistas Merino de Lama, Roel Alva e Inga Sales; por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39, 44 y 118 (inciso 1) de la Constitución Política.
De igual forma, la 398 presentada contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, y la 451 contra Vizcarra y las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla Holmquist Pachas y Sonia Guillén Oneeglio.
Además, abordará el informe final de las denuncias constitucionales 284, 344 y 375, formuladas contra el excongresista Daniel Salaverry, por presunta falsedad genérica y otros delitos.
También se tiene previsto debatir el informe final sobre la denuncia constitucional 342 contra Guido Águila, quien formó parte del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, por presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.