El Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP allanaron la vivienda de la presidenta de la República Dina Boluarte, ubicada en Surquillo.
El Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP allanaron la vivienda de la presidenta de la República Dina Boluarte, ubicada en Surquillo.

Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta en la investigación del , sostuvo que la mandataria declarará el 5 de abril ante la Fiscalía. “Hasta este momento no nos han notificado de la fecha en la que va a ser esa diligencia. Sin embargo, el señor fiscal Hernán Mendoza me ha informado verbalmente que sería este viernes”, refirió.

Indicó que su consejo legal a es declarar primero ante la Fiscalía. “Todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada. Después de dar su declaración ante la autoridad competente, podrá hacerlo ante los medios”, comentó a las afueras de Palacio de Gobierno en compañía de algunos ministros de Estado, como el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Justicia y Relaciones Exteriores.

Ni Castañeda ni los ministros respondieron a preguntas de la prensa. Posteriormente, en entrevista a RPP, el abogado aseguró que Boluarte está de acuerdo con brindar su declaración ante la Fiscalía este 5 de abril. “La señora presidenta tiene la voluntad de declarar sobre el fondo de los hechos para esclarecer esta investigación”, afirmó.

Castañeda añadió que la investigación, que empezó hace 10 días a partir de un reportaje periodístico con fotos de eventos oficiales en el programa La Encerrona de YouTube, aún es muy incipiente. “No hay ningún otro elemento de prueba”, precisó.

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Habla el primer ministro

Minutos antes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo ante la prensa que en Palacio de Gobierno se allanaron el despacho y la residencia presidenciales, tras el allanamiento al domicilio privado de , en Surquillo. Las investigaciones se hicieron en presencia de la mandataria. “Se han brindado todas las facilidades del caso”, señaló.

Agregó que el Ejecutivo considera que la acción realizada es desproporcional, injustificada, ilegal e inconstitucional. “Estamos seguros de que en el curso de la investigación se ha de aclarar de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad por los presuntos delitos que se están investigando”, aseveró. Adrianzén no respondió a las preguntas de los periodistas.

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