Normas legales | Las entidades públicas cuyas competencias y funciones impactan y/o se vinculan directamente con el proceso nacional de transformación digital.
Normas legales | Las entidades públicas cuyas competencias y funciones impactan y/o se vinculan directamente con el proceso nacional de transformación digital.

Este viernes 28 de julio se publicó en el boletín de Normal Legales el Decreto Supremo que aprueba la al 2030, que se aplica a todas las entidades de la administración públicas y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2023.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, conduce dicha política y articula para tal fin, con las entidades públicas, organizaciones del sector privado, organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía.

De acuerdo con el dispositivo, las entidades públicas cuyas competencias y funciones impactan y/o se vinculan directamente con el proceso nacional de transformación digital, podrán establecer en sus Planes Estratégicos Institucionales la transformación digital como un Objetivo Estratégico Institucional.

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En el resumen ejecutivo, se precisa que se plantea una política nacional cuyo alcance sea palmario: todo el país. No solo se construye, entonces, una matriz para la elaboración de políticas públicas o se define un nuevo rol del Estado; de lo que se trata es de propiciar y articular la sinergia entre todos los actores: Gobierno, sector privado, sociedad civil, academia y ciudadanía en general. La transformación requiere un enfoque holístico que esté orientado al valor e institucionalizado en todos los niveles del gobierno y la sociedad, e implica cambios fundamentales en la mentalidad de los servidores públicos y en la forma en que colaboran las instituciones públicas con el resto de los actores; así, emerge un proceso disruptivo, cuya implantación debe ser personalizada y adecuada al ritmo de cada país, ciudad o municipalidad para poder asumir cambios de manera natural. Su implementación, debe ser paulatina para que la totalidad de los integrantes de la sociedad acepten sus implicaciones.

“Es indispensable, y el Sistema Nacional de Transformación Digital se estructura de esta forma, que el servidor/funcionario público comprenda e interiorice su rol central en el proceso de creación de valor público: recordar que antes de ser servidor/funcionario público, es una ciudadana o ciudadano cuyas vidas -literalmente- van a cambiar dramáticamente con la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital”, señala.

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