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Los reporteros sufrieron al menos 230 ataques durante un año de protestas en Perú, desde que el 7 de diciembre de 2022 comenzaron las manifestaciones antigubernamentales y de rechazo a toda la clase política del país, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
”A la fecha, las agresiones registradas se mantienen en absoluta impunidad. No hay resultado de ninguna investigación”, denunció la ANP en un comunicado.
La asociación señaló que “son múltiples los casos de reporteros/as y fotoperiodistas impactados por perdigones”, así como las detenciones arbitrarias, casos de estigmatización, trabas de acceso a información referida a las movilizaciones “e iniciativas de orden legal orientadas a parametrar las coberturas”.
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Según los datos recogidos por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP, enero de este año “fue el mes con la cifra más alta de ataques”, ya que se registraron 100 agresiones.
Entre las localidades con mayor cantidad de casos estuvieron Lima, con 172; San Román (10), Caylloma (8), Cusco (5) y Tacna (5).
La ANP también registró “casos frecuentes” de ataques a sedes de medios de comunicación en Lima y en regiones, así como “ataques verbales y físicos recurrentes” a trabajadores de medios de alcance nacional y sus corresponsales en regiones.
”Se han producido robos de instrumentos de trabajo, micrófono, drones, entre otros, además de ataques con palos, piedras y botellas”, detalló.
El gremio recordó que también manifestó su “preocupación” por una propuesta del Ejecutivo para establecer un “protocolo” para regular el trabajo de los periodistas durante las manifestaciones, una norma que consideró que “no era otra cosa que una propuesta “exprés” para parametrar las coberturas y contravenía las libertades informativas”.
Aseguró, además, que la presidenta Dina Boluarte planteó una norma que “contemplaba la criminalización del periodismo tipificando un nuevo tipo penal de instigación a la alteración del orden público”.
”Dicho propósito pudo frenarse dada la reacción inmediata de las instituciones de prensa en el país”, remarcó.
La ANP sostuvo que durante un año de movilizaciones ha detectado “las reiteradas negativas de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre sus intervenciones solicitada vía pedidos de acceso a la información pública”.
”Las instituciones se han negado a cumplir con sentencias del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y han acudido a la vía judicial para eludir los fallos”, manifestó.
Por ese motivo, aseguró que “se mantiene en alerta permanente” ante los anuncios de nuevas movilizaciones, ya que “el contexto de protestas eleva siempre el riesgo para quienes están en primera línea en actividad informativa”.
El organismo informó el jueves en la red social X (antes Twitter) que una reportera y un camarógrafo de la emisora RPP “fueron retirados de la plaza San Martín (en Lima) por ciudadanos que les hostigaban con expresiones estigmatizantes” durante una manifestación que se realizó al cumplirse un año del inicio de las movilizaciones.
”La ANP rechaza la violencia y llama a respetar trabajo de periodistas en cobertura”, concluyó.