Tercerización: alta incertidumbre

A menos de dos meses para cumplirse el plazo de adecuación, una reciente encuesta de Vistage, la red mundial de CEO, con el apoyo de Vinatea & Toyama, y aplicada a 103 empleadores de medianas empresas, muestra que la norma de tercerización laboral (D.S. 001-2022-TR) afectará al 78% de ellas, pero a cerca del 60% lo hará de manera importante. Ello es así porque las empresas se relacionan entre sí mediante tercerizaciones que implican desplazamientos de personal y la norma los prohíbe cuando dichas tercerizaciones se refieren a “actividades nucleares”.

Pero si bien la norma impacta mayoritariamente en las empresas, ello no quiere decir que tal impacto no pueda ser objeto de un proceso de adecuación. De hecho, el 38% de los encuestados indica que tendrá que acatar la norma, sustituyendo quizá algunos servicios o absorbiendo al personal de los terceros. De cualquier modo, el 62% restante, que es un porcentaje alto, tendrá que definir qué hacer antes del 22 de agosto, fecha máxima de adecuación. De hecho, un 46% de los encuestados ha declarado que no ha definido qué hacer frente a la cuestionada norma, es decir, cerca de la mitad. Vemos, pues, un alto nivel de incertidumbre, quizá motivado por los vagos criterios que propone el decreto supremo para definir lo que es una actividad nuclear o también por la espera de una rectificación del Gobierno.

El mencionado porcentaje de 46% contrasta con el del 10% de encuestados que ya ha decidido que cuestionará legalmente el referido decreto (mediante acciones de amparo y otros). Sin embargo, la encuesta no incluye a la gran empresa, cuya diversidad y vinculación con empresas de servicios es muy grande y, ciertamente, ha sido más afectada por la norma.

De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que, a medida que se aproxime el 22 de agosto (fecha de adecuación), los porcentajes anteriores variarán y es previsible que el número de adecuaciones aumente, así como el número de cuestionamientos a ella. La informalidad primero.

De otro lado, las respuestas de los encuestados sobre las prioridades en que debería enfocarse la política laboral del Estado hacen énfasis en la reducción de informalidad como primera prioridad, seguida de la mejora de la protección social y de la fiscalización, eliminando su corte punitivo, pasando a uno más orientativo.

Todas estas respuestas, en mi opinión, giran alrededor del grave crecimiento de la informalidad, que es vista como un problema serio, pero que, a pesar de ello, no desalienta a los empresarios, pues muchos de ellos, a pesar de que declaran que no incrementarán el número de empleos, señalan que mantendrá los puestos vigentes (53%).

Quizá los resultados de esta encuesta sean un buen mensaje para que el Estado dialogue más, haga las correcciones necesarias y apueste por crear un marco normativo que promueva el empleo en vez de desalentarlo.