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Al iniciar el año, toda la acción gubernamental debería estar puesta en la ejecución de inversiones que aceleren la recuperación económica tras un pésimo 2023. Entre las prioridades para el destrabe de inversiones está acelerar la ejecución de una de las obras más emblemáticas de la ciudad de Lima y Callao: la línea 2 del metro cuya inversión total asciende a US$ 4,531 millones. Con un retraso de 8 años, el mes pasado se inició la marcha blanca del primer tramo de 5 kilómetros que va del mercado de Santa Anita hasta la vía de Evitamiento, restando la construcción de 30 estaciones para culminar un proyecto muy necesario para la ciudad.
Los beneficios de la línea 2 son indudables para la capital. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la línea 2 beneficiará a 13 distritos de Lima y Callao en su traslado en el eje Este-Oeste; transportará 660,000 pasajeros cuando se culmine todo el trazo, con una proyección de 1.2 millones pasajeros diarios al 2030. Otros beneficios incluyen la reducción de tiempos de viaje de 2.5 horas a 45 minutos de Lima a Callao, la reducción de costos de operación vehicular, la reducción de emisiones de dióxido de carbono, la reducción de siniestros de tránsito, mejoras del espacio urbano e incrementos en el valor de predios, entre otros. Sin embargo, todo apunta a que una reciente ordenanza municipal descarrile los esfuerzos por acelerar la concreción de este proyecto.
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La más reciente controversia se centra en la oposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por facilitar la construcción de la estación central o Estación 13 (E13) en pleno centro de la capital. El inicio de la construcción de la E13 debió iniciar en abril del 2020, sin embargo, desde entonces, la empresa concesionaria ha solicitado autorizaciones (ejecución de obra, interferencia de vía, etc.) a la MML, sin obtener pronunciamientos a favor. En marzo del año pasado, la MML indicó que, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Cultura, se procedería a otorgar las autorizaciones municipales, para la ejecución de las obras de la E13. Sin embargo, en junio pasado, la MML manifestó su oposición al otorgamiento de autorizaciones municipales argumentando que no puede hacerse un cerramiento parcial de las avenidas Paseo Colón y Garcilaso de la Vega por tres años, ya que causaría un “grave perjuicio al ciudadano”. Además, la MML ha solicitado el cambio de método constructivo a caverna, entre otros pedidos, desconociendo la autorización de los ministerios competentes para la ejecución de la obra civil.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las pretensiones de la MML carecen de razonabilidad ya que los cambios solicitados requerirían modificaciones contractuales significativas, lo cual originaría una demora de dos años al proyecto y el impacto en costos (US$ 10 millones por cada mes de retraso del proyecto), así como la dilación de la inversión de US$ 31 millones en obra civil. Para acortar la duración de los cerramientos, el concesionario presentó un plan de desvío mejorado que reduce el tiempo de cerramiento del Paseo Colón a 13 meses y evita el cierre de la Av. Garcilaso de la Vega.
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La férrea y antitécnica oposición de la MML provocó que el Ejecutivo solicitara al Congreso de la República la inclusión de una disposición en el debate de la Ley de Endeudamiento del 2024 que exonere de la obtención de autorizaciones y permisos municipales a los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura relacionado al transporte y movilidad urbana de Lima y Callao. Esta disposición posibilitaría el inicio de la ejecución de obra de la E13. Sin embargo, con fecha 24 de diciembre, la MML publicó la ordenanza 2590 que declara la prevalencia de las competencias municipales para emitir autorizaciones y permisos en materia de movilidad urbana, autorización de ejecución de obras públicas y usos del suelo en provincia de Lima. Ante este entrampamiento legal, se prevé un largo proceso de litigios competenciales que incluso puedan llegar al Tribunal Constitucional y la interposición de medidas cautelares y acciones de naturaleza judicial y administrativa. Lo más probable es que esta controversia culmine en un nuevo arbitraje internacional en contra del Estado peruano por incumplimiento contractual.
Desde que inició su gestión hace un año, el alcalde de Lima ha propiciado medidas unilaterales que perjudican la seguridad jurídica y espantan la inversión privada. En esta ocasión, apela a móviles demagógicos para trabar una mega obra con indudables beneficios para los limeños, por un lado, y genera demandas y contingencias millonarias contra el Estado peruano, por el otro. En este contexto, resulta de lo más paradójico que a la vez, la MML esté solicitando demandas adicionales para nuevos proyectos, haya solicitado el apoyo oficioso del Ejecutivo en la evaluación de alternativas para llegar a acuerdo con el concesionario sobre la terminación del contrato de Rutas de Lima y haya presentado una norma que permite que la ATU pueda suscribir acuerdos con la MML para asumir la titularidad de proyectos de infraestructura de transporte público. Este accionar populista, contradictorio e irresponsable lo acabaremos pagando todos los contribuyentes en un entorno en el que todo parece valer para complacer a la tribuna.