El reciente ranking minero del Instituto Fraser evidencia el deterioro del atractivo del Perú como plaza relevante para invertir. Esta situación, si bien no es sorpresiva dada la pasividad de sucesivos gobiernos ante la urgente necesidad de promoción del sector, nos muestra un panorama poco prometedor para una de las actividades que más ingresos y desarrollo genera al país.
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Los resultados de dicha medición revelan el peor retroceso del Perú en los últimos años. Así, hemos pasado del puesto 34 de 62 países en el 2022 al 59 de 86 países evaluados en el 2023. Y si bien en la última edición del ranking se han sumado nuevas geografías, la caída también se observa en el puntaje del el Índice de Atractivo a la Inversión, en el que perdemos más de 16 puntos (pasamos de 60.68 a 44.01).
Como era de esperarse, uno de los aspectos que más preocupa a los mineros encuestados en el Perú es la incertidumbre sobre sus áreas protegidas. Y es que, antes relativamente silenciosa, la sombra de la minería ilegal amenaza cada vez más a las concesiones de la actividad formal.
El más reciente atentado contra la Minera Poderosa en Pataz es un siniestro recordatorio de una actividad ilegal que campea ante la inacción del Gobierno y que se siente con la seguridad que le proporcionan los ingentes recursos que genera, por los altos precios internacionales del oro, y el encubrimiento que en la práctica le proporciona un proceso de formalización fallido.
A esto se suma, como evidenciamos en un reciente informe (Gestión 13.05.24), que los recursos destinados a la formalización y combate de las actividades ilegales para este 2024 es el más bajo en seis años (S/20.7 millones y S/2.9 millones respectivamente). Y que La Libertad, donde está Minera Poderosa, aún no había recibido los recursos para este fin pese a que ya se habían dispuesto transferencias extraordinarias.
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Antes, el Perú se encontraba en el top 10 de los países más atractivos según el ranking del Instituto Fraser. El retroceso ha sido sostenido y no existen señales de que la situación se pueda revertir. La minería ilegal avanza sin controles y la urgencia no se refleja en los recursos destinados a la lucha contra esta actividad delictiva.
Esto, sumado a los problemas ya conocidos y ante los que no se han tomado acciones (una frondosa regulación que ahuyenta a los capitales, conflictividad social e inestabilidad política), desincentiva exploraciones, expansiones de unidades mineras y nuevas inversiones. Está en la cancha de los poderes Ejecutivo y Legislativo crear las condiciones para el desarrollo de la actividad minera. Para reducir la pobreza, que hoy alcanza al 29% de los peruanos, se requiere crecimiento económico. Y es la minería formal la actividad que podría generarlo con mayor eficiencia.
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