¿Entenderá el Gobierno cómo se construye la confianza?

La salida del inefable premier Guido Bellido y la recomposición del directorio del Banco Central de Reserva son muy buenas noticias que han repercutido inmediatamente en el tipo de cambio, el mercado bursátil y las cotizaciones de los bonos soberanos peruanos. Ante un escenario que hacía previsible un choque entre los poderes del Estado, el presidente finalmente comenzó a tomar las riendas del país luego de un inicio poco auspicioso signado por las pugnas al interior del Ejecutivo, el copamiento de ciertas entidades públicas especializadas y la persistente (y no tan solapada) intención de convocar a una Asamblea Constituyente violando la neutralidad electoral.

Eventos como la amenaza de nacionalizar Camisea, la reivindicación de una segunda reforma agraria y una retórica inflamada azuzando las divisiones entre peruanos han agudizado expectativas pesimistas y la consiguiente parálisis de la inversión privada. El inicio de la era Castillo ha generado una gran desconfianza en un amplio segmento de la población (y especialmente en la comunidad empresarial), mostrando un liderazgo bicéfalo, mucho desorden e improvisación.

Para que la actual tregua política con una premier más conciliadora se extienda y verdaderamente genere confianza que perdure, sería aconsejable conocer las políticas del Gobierno en al menos tres esferas donde persiste la incertidumbre. Esto sin nombrar aspectos que han sido omitidos hasta la fecha como la postura respecto a las políticas de asociaciones público-privadas en materia de infraestructura, la prioridad que se le otorgaría a los desafíos de mediano plazo como la formalización o mejoras en la empleabilidad de la fuerza laboral.

Primero, no queda claro qué objetivos persigue realmente el Gobierno con la renegociación del contrato con Camisea con miras a “recuperar de la soberanía energética”. El uso del gas natural para el mercado doméstico se garantizó cuando se estableció contractualmente el destino de varios bloques gasíferos. Incluso la oferta de gas no puede ser absorbida enteramente por el consumo interno al tener que regasificarse el 20% del gas licuado y reingresarlo al gasoducto por falta de demanda. Si el objetivo es hacer el gas natural más accesible para el suministro de los hogares peruanos, lo que falta es avanzar con una política más efectiva de masificación del gas, lo que pasa por crear la infraestructura de conexión que hoy está ausente en gran parte del país. Si el objetivo es incrementar las regalías, existe el riesgo de imponer una carga impositiva confiscatoria que generaría litigios y eventuales millonarias contingencias en contra del Estado peruano; esto sin contar los elevadísimos riesgos operacionales al carecer de las capacidades técnicas mínimas para manejar un sector tan especializado que suple el 50% de la demanda energética nacional. Lo que pareciera estar prevaleciendo son móviles políticos en lugar de acciones que atiendan una necesidad real de la población.

Segundo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que solicitará al Congreso facultades legislativas delegadas para realizar cambios en el régimen tributario minero. El ministro Pedro Francke ha afirmado que se modificarán algunos parámetros del régimen que se reformó hace diez años, sin comprometer la competitividad de la plaza minera peruana. Sin embargo, no queda claro cuánto será la mayor recaudación que se logrará habida cuenta que la carga impositiva actual representa 46% de los márgenes operativos, según la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, ubicándose por encima de otros países competidores como Chile (44%) y Canadá (36%).

El régimen tributario vigente ya captura la aludida “sobreganancia” ante el repunte de las cotizaciones de los metales. De hecho, se prevé que la renta minera se multiplique por 2.5 veces al cierre del 2021 comparada con el año anterior y es un hecho que en la última década las empresas mineras pagan anualmente 25% promedio en mayores impuestos y contribuciones que cuando no existía el régimen vigente. Asimismo, cualquier modificación tendrá que ser consensuada por las empresas que gozan de acuerdos de estabilidad tributaria para evitar que se quiebre la seguridad jurídica y se interpongan litigios en contra del Estado. Despejar esta fuente de incertidumbre podría gatillar una cartera de inversiones que hoy se encuentra en compás de espera.

Por último, es crucial tener mayor claridad respecto a la política laboral que alentará la nueva ministra de Trabajo, empezando por los anunciados incrementos en la Remuneración Mínima Vital, la declaración de la procedencia de huelgas (incluso de aquellas que se encuentran inmersas en arbitrajes) y la postura respecto a las prioridades que había anunciado el ex titular de la cartera que parecía más un pliego de reclamos sindicales radicales que una agenda que fomente la creación de empleo. A esto se suma la necesidad de conocer la postura del Gobierno respecto a una eventual reforma del sistema de pensiones, especialmente de cara al intento de potenciar el sistema público de reparto en desmedro del sistema de capitalización individual, y los temores (fundados o no) de una eventual confiscación del ahorro previsional privado.

Tener mayor claridad en estos frentes permitiría tener un horizonte más predecible para la inversión privada. Sin embargo, lo que más generaría confianza sería que se imponga un mayor pragmatismo y sentido de la realidad y se reconozca que no existe el “momento constituyente” para insistir en redactar una nueva Constitución, postulando cambios radicales en el modelo económico vigente. En tanto persista esta espada de Damocles, continuará la desconfianza. El presidente y su renovado Gabinete harían mal en confundir el respiro que les otorgan sus recientes decisiones como suficientes para generar la confianza que reclama el empresariado. Al margen del signo ideológico del Gobierno, la confianza se genera con liderazgo y mensajes creíbles que privilegien dotar de un marco de estabilidad al país.