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La crisis de inseguridad que atraviesa el país condiciona la recuperación económica, pues afecta las decisiones de hogares y empresas. Bien sea en términos del costo directo que significa el robo de celulares, que supera los S/ 2,200 millones al año, al registrarse más de 4,500 robos al día; en términos de los recursos que se asignan a seguridad privada, que alcanzan los S/ 15,000 millones anuales (monto similar a lo que gasta el Estado en seguridad y orden interno); o en términos de la prima de riesgo que los inversionistas asumen al apostar capital en un país donde la integridad física no está garantizada por la autoridad.
La extorsión ha mostrado un incremento exponencial en los últimos años y tiene gran afectación económica, especialmente para los pequeños comerciantes que, según la Asociación de Empresarios de Gamarra, pagan cupos mensuales de hasta S/ 4,000 a sus extorsionadores. Además, seis de cada 10 de las bodegas de todo el Perú son víctimas de extorsionadores, según denunció la Asociación de Bodegueros del Perú. En este contexto, no sorprende que el 78% de los empresarios encuestados por Apoyo Consultoría sea pesimista sobre el manejo gubernamental de la seguridad ciudadana, que se constituye como el mayor riesgo para el entorno de negocios este año.
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El Gobierno parece no tener un rumbo claro ni capacidad de respuesta ante esta crisis. La solución más efectista ha sido la declaratoria de estados de emergencia que, sin contar con una correcta planificación, inteligencia y capacidad operativa detrás, son poco o nada efectivos. ¿Qué refleja esta falta de capacidad de respuesta ante la inseguridad campante? Sin duda, el problema es multicausal y requiere de medidas de corto y largo plazo en distintos sectores y en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el reciente estudio publicado por Videnza, “Eficiencia en la inversión pública del Gobierno nacional”, da luces sobre una de las causas a la incapacidad de reaccionar frente a la inseguridad: la deficiente gestión de la inversión pública. No basta el hecho de que el presupuesto en la función seguridad y orden interno se haya triplicado los últimos diez años hasta superar los S/ 16,000 millones, sino que urge imprimirle eficacia y eficiencia a la intervención pública.
Con información oficial al cierre del 2023, el informe evalúa la eficiencia en la inversión pública del Gobierno nacional y analiza nueve indicadores asociados a las etapas de programación, formulación y ejecución de la inversión pública. El Ministerio del Interior (Mininter) ocupa el último lugar entre las carteras evaluadas (aquellas que cuentan con presupuestos de inversión superiores a los S/ 100 millones). Si bien el Mininter ejecutó el 82% del presupuesto asignado al 31 de diciembre del año pasado, la eficiencia de la inversión pública muestra los peores indicadores. En materia de sobrecarga de proyectos –medida por el costo de los proyectos sin ejecución respecto del monto total programado para el periodo 2023-2026–, el Mininter programa proyectos que exceden en tres veces su capacidad de ejecución.
En materia de sobrecostos, el costo actualizado de los proyectos de inversión supera en 21% los montos aprobados en los expedientes técnicos. Peor aún, el 80% de su cartera de proyectos está paralizada. Cómo pensar en más y mejores policías si, por ejemplo, los proyectos de mejora para escuelas de formación en Iquitos y Arequipa se encuentran paralizados. Cómo pensar en fortalecer la capacidad de acción de la Policía Nacional del Perú si proyectos como el mejoramiento de comisarías en diferentes regiones del país registran retrasos de más de 1,400 días. Esto es más de cuatro años de retraso para la construcción de una comisaría.
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Esta evaluación muestra cómo una mala gestión pública tiene consecuencias adversas en la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí la importancia de adoptar reformas que permitan fortalecer todo el ciclo de vida de la inversión pública, especialmente la programación, que es el eslabón más débil. Eventuales mejoras dependerán de que se profesionalice la gestión del Interior y se avance con mayor celeridad en la adopción de un servicio civil meritocrático. Esto demanda mayor voluntad política que permita contar con personal idóneo y capacitado en los cargos que manejan la planificación y la ejecución de la inversión pública. Más aun, contar con una burocracia más estable permitirá mitigar la inestabilidad política que ha caracterizado al sector y que se evidencia en la altísima rotación de funcionarios. Desde el 2021 a la fecha tenemos que... ¡un ministro del Interior dura en promedio solo 3 meses!
Frente a esta realidad, el Gobierno hace poco por encarar una situación que impide mejorar la confianza de los agentes económicos. Los recientes cambios ministeriales tienen la oportunidad de revertir el pesimismo instaurado en el país. Sin embargo, su capacidad se verá limitada si no viene acompañada por entender que se requieren cambios más profundos que mejoren la gestión pública en sectores que son críticos para el bienestar ciudadano. Nuestro país necesita que se internalicen estos problemas con mayor grado de urgencia, y esto pasa por contar con mayor liderazgo al más alto nivel y mejor compresión de la problemática que nos aqueja. De lo contrario, cualquier viso de recuperación económica se verá abortado por desafíos que demandan más acciones concretas que grandes anuncios vacíos de contenido.
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