Abogada
En plena primera vuelta electoral, el Morro Solar, en Chorrillos, y Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, fueron escenarios de sendas ocupaciones de terrenos por parte de miles de pobladores que ocuparon áreas intangibles en la búsqueda de un terreno para construir sus viviendas.
Si bien, la acción operativa por parte de las fuerzas policiales permitió desalojar temporalmente a los invasores de estas zonas, no se percibe de las autoridades locales ni del Estado, el menor interés por dar una solución inmediata y definitiva a este gran problema social que puede verse replicado en otras zonas protegidas y de riesgo de desastres como las dunas o quebradas de ríos, no aptas para habitar, generando informalidad y precariedad.
El déficit de vivienda en nuestro país, hasta antes de la declaración de emergencia sanitaria producto del COVID-19, se había estimado en alrededor de 1.6 millones de viviendas a nivel nacional. Evidentemente en el presente año, esta cifra resultaría mucho mayor, debido al elevado precio del suelo urbano asociado a la falta de ingresos y desempleo de la población, así como la interrupción producida en el desarrollo de las inversiones inmobiliarias.
Brecha
Los programas de acceso a la vivienda mayormente atienden a la población de nivel socioeconómico medio, quienes pueden sustentar sus ingresos, generar algún tipo de ahorro y calificar a un crédito, quedando al margen los trabajadores independientes o aquellos con empleo temporal no formalizado, por lo que se necesita cerrar esa brecha.
Urge una nueva visión de la política habitacional del Estado, ardua tarea que tendrá que emprender el Gobierno entrante, sobre todo para las familias de menores recursos. Los planes de gobierno de los candidatos no han profundizado sobre este aspecto.
El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que busca incorporar el acceso a la vivienda digna y adecuada con servicios esenciales como derecho fundamental.
Sin embargo, es de suma urgencia proponer y aprobar normas específicas destinadas a la planificación de las áreas urbanas, así como mecanismos para permitir el acceso a la vivienda de la población hasta ahora no atendida, lo que va a requerir de nuevos subsidios con parámetros más flexibles para su calificación.
Desde el lado de la planificación, es posible establecer zonas potenciales para el uso residencial o revitalizar aquellas que se aprobaron para usos industriales u otros fuera de la ciudad en su momento, pero que ahora se ubican dentro del casco urbano, es necesaria la planificación para el diseño de la ciudad con miras al futuro.
En cuanto al aspecto regulatorio, es necesario simplificar procesos para la obtención de autorizaciones y/o del saneamiento físico de los predios, lo que se ha convertido actualmente en un cuello de botella con plazos y requisitos totalmente engorrosos, de manera que permita combatir eficazmente el tráfico de tierras, que solo genera más pobreza y limita el acceso a los servicios básicos a la población.
Evidentemente la solución es bastante compleja y multidisciplinaria, no basta con una simple reubicación de la población, la ocupación ilegal de cualquier otra zona intangible o de riesgo requiere ser tomada con la seriedad del caso por las respectivas autoridades.