Gobiernos regionales y las inversiones en salud: un problema por revertir

Este 2022, los actuales Gobiernos regionales disponen de S/ 1,805 millones para ejecutar proyectos en salud, 51% más de lo que ejecutaron durante el 2021. Si tenemos en cuenta sus antecedentes, ¿podrán ejecutar la totalidad de ese monto?

Al final del 2021, los Gobiernos regionales (GORE) no ejecutaron S/ 43.5 de cada S/ 100 disponibles para proyectos de salud, continuando la demostración de la incapacidad para gestionar recursos para invertir en salud. Con una brecha de infraestructura de salud a cinco años que supera los S/ 27,000 millones y una capacidad instalada inadecuada en más del 95% de postas, centros y hospitales públicos del país, es insostenible que los recursos disponibles sigan sin usarse.

Según datos del MEF, en el período 2018-2021, que incluye 3 de los 4 años de las actuales gestiones regionales, los GORE no ejecutaron más del 68% del presupuesto anual disponible, que en promedio fluctuó alrededor de los S/ 2,000 millones por año. Y es muy probable que esta continua y acumulada no ejecución de recursos, de S/ 3 625 323 937 en el período señalado, sea la causa principal de las limitaciones en la oferta de servicios de salud en las regiones, reflejado también en el deterioro de los indicadores regionales de salud.

Panorama actual

Para el año en curso, el presupuesto en proyectos de salud para los GORE pasó del monto inicial de S/ 1 272 722 913 (PIA) a S/ 1 804 946 325 (PIM) [1]. Si bien este último es sustancialmente mayor al monto ejecutado en el 2021, sigue siendo menor que el PIM del 2021 en, aproximadamente, S/ 313 millones.

Sin contar Lima Metropolitana, 6 de las 25 regiones concentran cerca del 50% del presupuesto total disponible para los GORES, ya que tienen asignado por encima de S/ 100 millones: Puno (S/ 194 millones), Junín (S/ 164 millones), Piura (S/ 128 millones), Cajamarca (S/ 159 millones), Loreto (S/ 103 millones) y Arequipa (S/ 119 millones).

Al revisar la ejecución del 2021, el conjunto de estas seis regiones dispuso de S/ 980 millones (46.3% del PIM regional) y ejecutó solo S/ 431.6 millones (44%), sin utilizar el 56% del total disponible:

— Puno: De S/ 231 millones de PIM, ejecutó S/ 43.5 millones (18.8%).

— Cajamarca: De S/ 184 millones de PIM, ejecutó S/ 72.4 millones (39.3%).

— Piura: De S/ 166.6 millones de PIM, ejecutó S/ 68.7 millones (41.2%).

— Loreto: De S/ 84 millones de PIM, ejecutó S/ 43.7 millones (52%).

— Junín: De S/ 136 millones de PIM, ejecutó S/ 86.5 millones (63.6%).

— Arequipa: De S/ 178.2 millones de PIM, ejecutó S/ 116.6 millones (65%).

¿Qué podemos esperar?

Al no existir reelección en el ámbito regional, es muy probable que las actuales gestiones gubernamentales solo tengan interés en ejecutar recursos hasta setiembre. Concluidas las elecciones, posiblemente se dediquen a esperar la asunción de las nuevas autoridades regionales.

De otro lado, se volverá a escuchar a los candidatos a gobernadores regionales ofrecer que “exigirán mayor presupuesto para la salud debido a que reciben poco”. Sin embargo, lo cierto es que cada año, se dispone de financiamiento, pero las autoridades regionales no son capaces de usarlo para atender la acumulada demanda de salud en sus jurisdicciones.

Las razones son las mismas en los últimos años, resumidas en la triple C, las limitaciones a nivel de los funcionarios regionales en: sus competencias de gestión, en su continuidad, además de la corrupción identificada por la Contraloría y el Ministerio Público. Esta es una realidad que los políticos (¡cómo no!) y parte de los ciudadanos se resisten a reconocer.

El próximo 2 de octubre, el destino de cada región estará sujeto, una vez más, a la “sabiduría de su pueblo”, confiando en que realmente elegirá para su beneficio. En ese sentido, el rol imparcial y objetivo de los medios de comunicación y la Academia, en el ámbito regional, será vital. Ambos deben mostrar los indicadores de gestión regional con transparencia y objetividad. Obviamente, de los políticos, de los candidatos y de sus “organizaciones” no se debe esperar mucho.

Queda claro que la ciudadanía tiene la máxima responsabilidad, razón por la que debe elegir de forma adecuada, objetiva e imparcialmente informada, aunque, con la situación actual en la se encuentra la sociedad, parezca hasta iluso pedirlo.

[1] Al 11.03.2022 Consulta Amigable / PIA= Presupuesto institucional de apertura / PIM= Presupuesto institucional modificado