Minando el futuro

CONTROL. En los últimos meses, el Congreso ha entrado en una serie de tensiones y enfrentamientos con distintos organismos del sistema de justicia. Estas comenzaron el año pasado luego de que el Poder Judicial avalara una acción de amparo del sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo que reclamaba que el Congreso no estaba cumpliendo con sus propias normas –ni con los principios básicos de meritocracia y transparencia– en el proceso para seleccionar al nuevo defensor. Esta disputa terminó con el (nuevo) Tribunal Constitucional dándole la razón al Congreso. Y con el cerronista Josué Gutiérrez como nuevo defensor.

Más recientemente, el Congreso decidió sancionar a la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos con cinco años de inhabilitación por haber adoptado un criterio legal con el que la mayoría congresal discrepaba (interpretó, como habían hecho sus antecesores, que el artículo 117 no permite investigar al presidente). Una decisión que, como comentamos hace algunas semanas (ver editorial del 23/06/2023), debilitó la independencia de la Fiscalía, pues ahora los fiscales saben que si a una mayoría congresal no le gusta cómo trabajan (o a quién investigan), podrán ser despedidos e inhabilitados. Es como si se sancionase a un congresista por sus votos u opiniones.

Las próximas dos instituciones en la mira del Legislativo parecen ser el Jurado Nacional de Elecciones (se quiere sancionar a sus titulares por un fraude que nunca se probó y que ni se explicó bien cómo se habría ejecutado) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de elegir y ratificar a jueces, fiscales y a los jefes de la ONPE y del Reniec. Esta semana, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó una acusación constitucional contra tres de sus miembros por supuestamente haber intentado presionar a la Corte Suprema para pronunciarse en respaldo de Ávalos cuando estaba por ser inhabilitada. Según Chirinos, esto implicaría haber cometido una serie de delitos (aunque a quien le corresponde evaluar esto es al Poder Judicial); por lo que pide 10 años de inhabilitación para los miembros de la JNJ. Las pruebas tras estas acusaciones, no obstante, brillan por su ausencia.

Este uso indiscriminado de las acusaciones constitucionales –como instrumentos de sanción a rivales políticos en vez de seguir un criterio objetivo– deja pésimos y peligrosos precedentes. Se adelanten o no, en no mucho tiempo habrá elecciones y nada asegura que la actual mayoría se mantendrá. ¿Y si la próxima mayoría es de izquierda radical y populista? ¿Y si el próximo juez o fiscal sancionados solo por sus decisiones es un juez independiente que quiso proteger la democracia? ¿Será que este Congreso es capaz de pensar en el futuro? ¿O nos seguirán acercando a un escenario como el de Guatemala?