(Foto: Presidencia Perú)
(Foto: Presidencia Perú)

PENA DE MUERTE. En su última aparición ante la prensa y con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, el presidente Martín Vizcarra optó por dar una respuesta populista a una pregunta de los medios.

Consultado sobre si se debería aplicar la pena de muerte a los violadores, el mandatario sostuvo que se deben analizar todas las opciones que existen para ver lo que sea más efectivo. Acto seguido indicó que este es un tema que debe pasar por el Congreso. Es decir, no solo puso sobre el tapete un tema innecesario —e imposible de cumplir para él—, sino que además involucró a otro poder del Estado.

El Perú ha suscrito el Pacto de San José que lo compromete a no ampliar los supuestos para la aplicación de la pena de muerte (en el país solo aplica para traición a la patria y terrorismo). Si realmente quisiera cambiar esta situación, primero tendría que denunciar el tratado —con la aprobación del Congreso—, esperar un año y luego iniciar los cambios legislativos necesarios, modificar la Constitución —para lo cual se requiere de dos legislaturas— y, posteriormente, iniciar las modificaciones del Código Penal y del Código Procesal Penal. Todo eso demoraría entre cuatro y cinco años, y solo podría aplicarse a casos futuros.

La indignación frente al alto nivel de violencia, ya sea contra niños, mujeres y, en general, contra todos los ciudadanos, es real y requiere de las autoridades una respuesta efectiva, pero sin populismo. Se necesita preparación para que la policía responda con mayor empatía frente a las denuncias y actúe rápidamente, no como sucede actualmente, pues en innumerables comisarías minimizan las denuncias. Lo mismo aplica para el Ministerio Público, donde las víctimas se sienten nuevamente maltratadas. Finalmente, se requiere mayor efectividad por parte del Poder Judicial.

Pero toda esta labor, que es posviolencia, debe ir acompañada de un trabajo de largo plazo de educación y concientización de la población, así como un mayor interés por la salud mental de las personas.

Los temas serios requieren respuestas de Estado y no declaraciones que solo buscan quedar bien con determinados grupos o generar debates innecesarios que desvíen la atención de lo que realmente es importante. Frente a todos los problemas que debe enfrentar el país, hoy más que nunca se necesita que el presidente responda como estadista.