Editorial:Hora de trabajar

ELECCIONES. Con algunos sobresaltos y sorpresas de último minuto terminó el proceso para elegir gobernadores regionales y alcaldes en todo el país. Una campaña fría comparada con años anteriores que se evidenció en los bajos porcentajes alcanzados por los triunfadores, al punto que en 14 casos será necesaria una segunda vuelta para definir al ganador en las regiones.

La evaluación del proceso muestra que, a nivel nacional, los partidos políticos registran un avance respecto a los movimientos regionales, aunque también hay otras agrupaciones políticas que en la práctica han quedado sin ningún representante en los comicios del domingo.

Persiste la falta de institucionalidad y poca visión integral de las propuestas, pues si bien es necesario luchar por las necesidades de cada localidad, estas no pueden estar desligadas del interés del país.

Además, la falta de continuidad de los movimientos regionales y de candidatos, que en cada elección cambian de agrupación, no ayuda a que haya un salto cualitativo al momento de elegir. Esta vez ha sido alto el número de candidatos cuestionados y con denuncias —y en algunos casos sentencias en primera o segunda instancia— por tráfico de terrenos, corrupción, malversación de fondos, entre otros delitos, que no solo han participado del proceso, sino que hasta pueden haber sido elegidos. En más de un caso hay movimientos regionales que han dado lugar a grupos con un nombre nuevo, pero con los mismos integrantes, tratando así de despistar a los ciudadanos desinformados; asimismo, ha continuado el uso de agrupaciones como vientres de alquiler.

También queda confirmado en los hechos el alto nivel de tolerancia a la corrupción política, que llega a 83% según la última encuesta de Pulso Perú, pues en varias localidades se han elegido autoridades cuestionadas o han regresado alcaldes que ya habían desfalcado a sus comunas.

A los candidatos elegidos les toca ahora aprovechar los meses previos al inicio de su mandato para prepararse, fijar las prioridades, dejar de lado las promesas imposibles de cumplir y definir el equipo que los acompañará. Si bien cuatro años no son suficientes para resolver los problemas, las autoridades honestas pueden fijar las bases para lograrlo.

A los ciudadanos les toca fiscalizar a los elegidos y recordar que su obligación no es solo votar, sino también exigir a las nuevas autoridades un buen trabajo y honestidad.