Poco compromiso

VIOLENCIA FAMILIAR. El pasado 2 de setiembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) inauguró un hogar de refugio temporal en la provincia de Cañete. Estos establecimientos albergan, protegen y brindan atención integral a las mujeres, y sus hijos, víctimas de violencia de género. Desde que fueron creados por ley, en mayo del 2004, se han implementado 16, cifra ínfima considerando que la violencia familiar es uno de los problemas más agudos del país. Hay que precisar que son 16 en todo el país –en Lima solo hay dos–.

Según el MIMP, durante el estado de emergencia y hasta el 27 de agosto, 101 mujeres y 136 acompañantes (sus vástagos) fueron albergados en los 15 hogares habilitados a esa fecha. Esta cifra solo demuestra que hay muy pocos locales de acogida, pues solo entre enero y agosto, 54,125 personas acudieron a los centros emergencia mujer (CEM) a buscar ayuda. Esta cifra fue menos de la mitad de los casos atendidos en el mismo periodo del 2019. La notoria disminución de casos de este año tiene una explicación: las cuarentenas por el covid-19.

Entre el 16 de marzo y el 30 de junio, los 396 CEM de todo el país dejaron de operar y la mayoría reinició labores en julio. ¿Por qué? Erróneamente el servicio que el MIMP presta no fue considerado esencial en la cuarentena y es momento de que esa opinión cambie. ¿Qué tipo de atención recibieron las víctimas de violencia familiar en esos meses? El MIMP mantuvo operativos equipos itinerantes de urgencia, así como la Línea 100, que brinda información, y soporte emocional. Entre enero-agosto las llamadas aumentaron en casi el doble, respecto del mismo periodo del año pasado (de 79,461 a 156,307). Estas cifras solo confirman que la violencia familiar no disminuyó y que la manera de abordar el problema durante la pandemia no fue bien analizada.

Las comisarías sí siguieron funcionando, pero tienen datos disponibles sobre las denuncias por violencia familiar y sexual, en tanto que la Fiscalía no tiene actualizadas sus estadísticas. Pero las del MIMP revelan que el problema no está siendo abordado en toda su magnitud y que se necesita muchísimo más para comenzar a solucionarlo. Es claro que se tiene que comenzar por la prevención, lo cual se consigue desde la educación, y con un mayor compromiso de las entidades que procesan y castigan a los agresores, pero los resultados recién se verán en el mediano plazo.

Mientras tanto, es urgente mejorar sustancialmente la red de atención a las víctimas y que estas tengan la certeza de que sus denuncias no serán en vano. La atención que presta el MIMP es un servicio esencial y nadie debería olvidarlo.