Reforma previsional. (Foto: GEC)
Reforma previsional. (Foto: GEC)

REFORMA PREVISIONAL. La realidad, desde hace varios años atrás, muestra que en el Perú se necesita una reforma del sistema de pensiones. En el sistema público quienes no aportan durante un periodo mínimo de 20 años no obtienen una pensión y pierden todo lo aportado. Desde el sistema privado la crítica a la forma en que trabajan las AFP es insoslayable (bajo monto de pensiones, altas comisiones, etcétera).

Desde el lado del Estado, varios gobiernos han realizado esfuerzos por plantear un debate serio y técnico. Internacionalmente organismos como el BID, Cepal, OIT y otros también han planteado sus propuestas.

Los únicos que no han querido tomar “el toro por las astas” han sido las propias AFP que han minimizado en más de una ocasión los reclamos de sus usuarios, olvidando, por ejemplo, que la norma que las creó planteaba una rentabilidad mínima para que los fondos de los afiliados no se perjudiquen frente a las fluctuaciones del mercado.

El problema central es que el sistema público está pensado en el reparto, es decir, cada trabajador aporta a un fondo común solidario (que ya no le pertenece) y del cual sale el dinero para pagar a los actuales pensionistas. Hoy la ONP debe pagar más de 5,000 millones, pero solo tiene 4,000 millones en aportes, el Estado suple la diferencia.

El inconveniente de un fondo común se ha evidenciado en esta pandemia, pues los afiliados al sistema privado han podido usar su fondo personal ya que tienen una cuenta individual, pero los del sistema público no porque tienen un fondo común.

Lamentablemente, la mayoría de las propuestas de reforma plantean un fondo común, incluso algunas buscan que se “tome” el 50% de los aportes de las AFP para configurar el fondo común, una propuesta que atenta contra la intangibilidad de los fondos de los afiliados.

El otro problema son las expectativas. Las personas creen que una reforma permitirá obtener una mayor pensión, pero la realidad es que esta depende de los ahorros generados en la vida laboral.

Si bien la reforma es necesaria, en las actuales circunstancias donde el populismo económico guía el accionar de los poderes del Estado, tanto en el Gobierno como en el Congreso, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Se requiere un equipo conformado por representantes del Legislativo, el Ejecutivo y técnicos, pero teniendo como base que si no se ataca la informalidad del sistema laboral ninguna propuesta será sostenible. Será mejor esperar al próximo Gobierno. Más aún cuando, como dice el economista Waldo Mendoza, no hay fondos para asumir los cambios.