¿Buena señal?

INSEGURIDAD. Como es evidente, para que las personas podamos desarrollar nuestros planes de vida y hacer negocios en paz necesitamos, entre otras cosas, de un estándar mínimo de seguridad ciudadana. Un mínimo de confianza en que otros no nos arrebatarán por la fuerza lo que hayamos logrado construir y acumular con esfuerzo. Lamentablemente, ese estándar mínimo no se viene cumpliendo en el Perú, como lo revela el hecho de que la inseguridad haya permanecido por lustros entre los tres problemas que más preocupan a los peruanos.

Innumerables negocios honestos quiebran todos los años desbordados por los costos generados por robos, hurtos o extorsiones. Varios más ni siquiera llegan a abrirse justamente por miedo a no poder enfrentar ese costo, que simplemente no existiría en un país en el que la inseguridad no sea un problema tan grave.

Fue con ello en mente que, por ejemplo, a fines del año pasado –aún durante el gobierno de Pedro Castillo–, reclamábamos en esta misma página por el hecho de que el Ejecutivo de entonces no tuviera siquiera una agenda clara y coherente sobre cómo combatir el problema de la inseguridad (Gestión 10.11.2022). Por el contrario, el Gobierno previo llegó a tener siete ministros del Interior en apenas año y medio, lo que en la práctica hizo imposible ejecutar cualquier política de Estado pensando en el largo plazo.

El actual Gobierno –que ya va por su tercer titular en Interior– no ha dado hasta el momento suficientes señales de estar retornando al camino correcto, pero el reciente anuncio del actual ministro del Interior, Vicente Romero, sobre que el Gobierno pedirá facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, es al menos un primer paso clave. Como se sabe, estos pedidos ocurren cuando el Gobierno necesita modificar normas con rango legal de alcance nacional –que normalmente son emitidas por el Congreso– para ejecutar sus políticas en alguna materia. Así, el solo pedido al menos sugiere que el Ejecutivo ha vuelto a tener ideas concretas y un plan que está buscando poner en marcha.

Dicho esto, aún no conocemos con claridad cuál es ese plan ni su sustento. Las justificaciones dadas tanto por Romero como por el premier Alberto Otárola han sido bastante generales y más limitadas a destacar qué buscan con el pedido, antes que a cómo se pretende hacerlo y qué elementos respaldan que ese plan va a tener un efecto práctico positivo.

La seguridad ciudadana hoy es un problema demasiado urgente como para que el Gobierno de turno pueda darse el lujo de aprobar políticas aisladas, populistas o sin suficiente respaldo técnico, como ya nos ha ocurrido tantas veces. Esperemos que este no sea el caso.