El Día del Trabajo conmemora las luchas de las clases trabajadoras de fines del siglo XIX en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa por obtener derechos laborales como la jornada de ocho horas. En años posteriores, se sumaron reivindicaciones como la remuneración mínima, la protección social, las vacaciones y otras prestaciones relacionadas con el trabajo. Se podría decir que estos derechos configuran lo que en nuestro país se conoce como empleo formal, de modo que el Primero de Mayo solo es motivo de celebración para menos de la tercera parte de los peruanos con ocupación remunerada.
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El año pasado, quienes tenían relaciones laborales que no estaban sujetas a la legislación nacional (es decir, trabajadores informales) representaron el 71.1% de la PEA total. Se trató de un descenso respecto del 2022, cuando la tasa de informalidad fue 74%, pero se debió a la recesión. Es que casi medio millón de personas desocupadas optó por dejar de buscar empleo, ya que la probabilidad de encontrarlo era casi nula, de modo que dejó de pertenecer a la PEA y, por ende, no fue parte del cálculo de la informalidad.
En cuanto al empleo formal, si bien siguió creciendo, fue a tasas más bajas: su variación interanual pasó de 4.6% en diciembre del 2022 a apenas 1% en diciembre pasado –y fue 0% en enero y febrero–. La desaceleración del empleo formal ha sido más pronunciada en el sector privado (0.7% en diciembre del 2023), pues como ya hemos advertido en esta columna, el sector público parece haber sido inmune a la recesión. Encima, el ingreso promedio real de los servidores estatales ha aumentado 8.6% en el último trimestre (noviembre-enero), respecto del mismo periodo del año pasado. El sector público representa el 29% del empleo formal. Solo el agro formal muestra un mayor incremento, que en su caso se explicaría por la mejora de los precios de las agroexportaciones.
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Los intentos desde el Estado para promover la formalización han sido numerosos, pero también infructuosos. El principal fallo está en el diagnóstico del problema, pues el grueso de las unidades productivas del país son mypes, las que por su tamaño enfrentan dificultades de escala para cubrir costos laborales que, erróneamente, creen que son improductivos. Además, los regímenes tributarios especiales estimulan el enanismo empresarial y los programas de compras a mypes sufren de la excesiva burocracia, un lastre que no parece ser tomado en serio. Sin embargo, el Congreso se ha constituido en el obstáculo principal, con sus leyes que incentivan la informalidad y hasta la ilegalidad.
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