Una luz tributaria al final del túnel

El Tribunal Constitucional nos trajo una buena noticia la semana pasada: ordenó en una sentencia que la Sunat deje de cobrar los intereses generados por sus retrasos y los del Tribunal Fiscal, que son colosales y multiplican las deudas de los contribuyentes. Lo mismo estableció sobre los intereses por el tiempo que las controversias pasan por el Poder Judicial. A ojo de un buen cubero —el socio del PPU, Walker Villanueva—, “la mitad de la deuda se irá abajo” en los casos en marcha.

El cálculo hasta podría ser conservador con historias de terror como las de Telefónica, cuya deuda de S/ 3,000 millones está compuesta por un 80% de intereses y multas, tras dos décadas de procesos, o la de Scotiabank, que, tras 13 años, pagó S/ 482 millones, nueve veces más que su deuda original. Sonará a mal chiste, pero los plazos máximos para la resolución de los reclamos tributarios son de 9 meses para la Sunat y de 12 meses para el Tribunal Fiscal.

Lo más lamentable de las deudas que la ineficiencia de las autoridades inflan con esteroides es que le sirven de arma a la izquierda populista, que las usa en rankings de deudores que viralizan en las redes sociales como parte de su discurso antiempresarial. El héroe anónimo en esta historia es Maxco, una exportadora y comercializadora de productos de construcción, cuya deuda creció en 69% por los intereses —de S/ 143 mil a S/ 242 mil—, que llevó su caso al Tribunal Constitucional, donde logró un cambio del precedente.

En el 2021, Scotiabank había perdido su última batalla local allí, antes de ir al Ciadi, donde la sentencia en favor de Maxco podría ser la clave para que le ordenen al Estado peruano devolverle la plata. Aquella vez Scotiabank perdió dos votos potencialmente favorables. Uno de ellos era el de José Luis Sardón, que se abstuvo porque su hermano era por entonces CEO del banco en Chile, lo que habla muy bien de él. Como para la posteridad, un argumento que hoy se valida fue el de Ernesto Blume, que —en su voto singular, en contra de la decisión— apuntó que la sentencia vulneraba el derecho al plazo razonable, “una manifestación implícita del derecho al debido proceso”, tal como lo señala la Constitución. ¿Era intención de Scotiabank hacerla larga, como argumentan los opositores de siempre? No hay indicios —dijo Blume— de que “haya provocado la dilación del procedimiento”.

¿Por qué celebro el caso Maxco? ¿Acaso quiero que las empresas contribuyan menos al fisco? No. Solo quiero que lo hagan en un marco de justicia, porque la sentencia anterior, contra Scotiabank, penalizaba el derecho a reclamo; y porque espero que este nuevo precedente sirva de aliciente a la Sunat y al Tribunal Fiscal para que mejoren sus procesos, aceleren la atención de los casos, respeten sus plazos y ejecuten una recaudación más eficaz.

Aplaudo que —ojalá— los contribuyentes tengan la seguridad de una exigencia tributaria razonable, dejen de ver dañada su reputación con la difusión de ataques de falsos fiscalizadores y de verse obligados a mantener provisiones millonarias por décadas. Un país que promueve la inversión debe brindar mínimamente estas garantías