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En las últimas semanas, contrariamente a lo esperado con un nuevo gobierno de transición, la sensación de inestabilidad e incertidumbre continúa y no se evidencia respuesta alguna del Presidente Sagasti y su gabinete.
El orden público a la deriva por bloqueos de carreteras, inseguridad ciudadana creciente con una policía nacional desmoralizada y maltratada innecesariamente; reservados pronósticos de performance económica y dación de leyes congresales inconvenientes y populistas; inminente riesgo de “rebrote” o “segunda ola” de la pandemia con insistencia en estrategias fracasadas en el control de la misma -como pruebas serológicas mal llamadas rápidas- y abandono del primer nivel de atención sanitaria; grandes diferencias de cifras de contagiados reportados por el MINSA ( un millón) versus las DIRESAs (dos millones) y muertes (Minsa 37,000; Diresas 50,000; Sinadef 80,000). Más desconcertante ahora la disponibilidad de vacunas, al enterarnos que todos los peruanos fuimos víctimas, una vez más, de las fábulas del Sr. Vizcarra (el presidente vacado).
No fue cierto que tendríamos treinta millones de vacunas antes de finalizar el 2020, como tampoco fue cierto que construiría ochenta hospitales y mil colegios el 2019.
Los argumentos esgrimidos en su defensa por el presidente vacado no resultan convincentes en ningún extremo. Los convenios y contratos con los laboratorios productores debieron firmarse con mucha anterioridad al 09 de Noviembre de 2020, día de la vacancia por incapacidad moral, y los desembolsos debieron realizarse entre setiembre y octubre de 2020.
La actual ley de contrataciones del estado y la propia ley de medicamentos contienen el marco suficiente para la firma de los mismos, así como los desembolsos requeridos. Más aún, en plena emergencia, era posible la dación de un decreto de urgencia si consideraban necesario ampliar el marco legal.
Para la compra de las vacunas se planearon hasta tres mecanismos.
El primero de ellos fue a través de la coalición Covax Facility, con la participación de la OMS, a fin de garantizar la calidad de las vacunas (eficacia y seguridad) así como el mismo precio para todos los países participantes y asegurar cantidades hasta para el 20% de la población de cada país. En este caso el Perú cumplió con el desembolso-adelanto requerido. Cabe mencionar que el Perú compra habitualmente vacunas del calendario nacional por un mecanismo similar, al Fondo Rotatorio de la OPS/OMS, básicamente con las mismas condiciones arriba detalladas.
Un segundo y tercer mecanismo de compra de vacunas fue mediante la modalidad País-País y País-Laboratorio productor.
Precisamente en estas modalidades el Perú no tiene mayor experiencia como gozan otros países (México, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros), que sí suelen comprar vacunas de sus calendarios nacionales directamente a los laboratorios productores.
En dichos países los organismos reguladores y supervisores de medicamentos e insumos (incluídas vacunas) son símiles a la FDA de los Estados Unidos de Norteamérica, con autonomía administrativa, técnica y financiera y, con altos niveles de certificación. Mientras que en el Perú la Dirección General de Medicamentos e Insumos (Digemid) corresponde a un órgano de línea de tercer nivel del Minsa, cuyas capacidades tecnológicas, administrativas, autonomía y financieras dan como resultado un menor nivel de certificación y consecuentemente menor capacidad de negociación directa.
Es así como dichos países negociaron, contrataron y ya empiezan a disponer de vacunas directamente adquiridas.
Las estrategias para enfrentar la pandemia son diversas y las vacunas representan sólo una de ellas. No basta decir que ya no llegarán este año 2020, debemos sincerar el estado de las negociaciones y planear realistamente los escenarios y etapas de vacunación. El primer grupo a vacunar deberá incluir a los trabajadores responsables de mantener la continuidad de los servicios básicos: salud, policía nacional, serenazgo, fuerzas armadas y, probablemente, miembros de mesa.
Ellos representan aproximadamente un millón doscientos mil personas, por lo que deberíamos asegurar dos millones y medio de dosis en el mes de marzo y sería viable operativamente su aplicación antes del 11 de abril de 2021. Un segundo grupo lo conforman los grupos de riesgo por edad y/o comorbilidades (diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, etc), en quienes el contagio podría implicar pérdidas de vida. Probablemente signifique más de cinco millones de personas requiriéndose al menos once millones de dosis. No obstante, su aplicación implica grandes dificultades operativas por cuanto no tenemos plenamente identificada dicha población, tomando algunos meses alcanzar la cobertura deseada. Un tercer grupo restante, al menos veintidós millones de peruanos, podría tomar meses posteriores. Planteamos, pues, un escenario donde el sinceramiento y el realismo se suman.
Mientras tanto, debemos corregir los errores de los primeros meses y que nos llevaron a alcanzar las cifras más altas de contagios y muertes por millón de habitantes. Es urgente reforzar el primer nivel de atención sanitario dotándolos de oxímetros de pulso, oxígeno, medicamentos, pruebas diagnósticas moleculares o antigénicas en sintomáticos -descartando finalmente el uso de las pruebas serológicas- y recursos humanos. Será necesario un diálogo franco y abierto con los gremios y sindicatos del sector salud a fin de asegurar el redireccionamiento de dicho recurso. La intervención multisectorial significa la participación de gobiernos regionales y locales, fuerzas armadas, sociedad organizada, iglesias, etc.,bajo el liderazgo y conduccion del sector salud, que permitirá identificar precozmente el virus, focalizarlo inteligentemente y evitar su propagación. Los contagiados con el virus deberán quedar en “cuarentena vigilada”, en los centros de aislamiento temporal, si sus viviendas no reúnen las condiciones y se debe brindar a su familia salud y bonos de alimentos o económicos, en caso no puedan laborar. En ese nivel debemos y podemos realizar la contención y evitar el colapso de los hospitales y requerimientos de cama UCI.
El Presidente Sagasti inició su período de transición definiendo claramente las prioridades: garantizar elecciones generales en fechas previstas, limpias, transparentes y sin interferencias de ningún tipo; lucha contra la pandemia Covid 19 y el riesgo de rebrote o segunda ola e incentivar la reactivación económica.
Sin dudas, pasar al retiro a diecisiete generales de la policía nacional y designar comandante general a quien ocupaba el orden de méritos dieciocho no solo fue ilegal, sino que daña la institucionalidad. La responsabilidad política debió ser asumida por quien ocupaba la cartera del Interior en ese momento y reparar de inmediato el daño ocasionado. Lamentablemente no ocurrió así. Estamos con el tercer ministro del interior del gobierno de transición y no se vislumbra la intención de corregir el error cometido. El orden interno se mantiene quebrado y los ciudadanos lo viven diariamente.
También debemos sincerar cifras de contagiados y fallecidos, que nos permitan tomar mejores decisiones. Reitero la propuesta que hiciéramos recientemente, la conformación de una Comisión de la Verdad, que determine las cifras reales de muertes por Covid, así como las responsabilidades sanitarias y legales que enlutaron más hogares que las ocasionadas durante el nefasto período del terrorismo (MRTA y Sendero Luminoso)
Es urgente pues, que el gobierno de transición del Presidente Sagasti, deslinde claramente de los errores, fábulas y deficiencias del gobierno anterior dando paso al sinceramiento y la cuota de realismo que se requiere para estos próximos meses.