Bienes inmuebles: removiendo barreras para reactivar la economía

El Sr. López (a modo de ejemplo) celebró un contrato de arrendamiento sobre un inmueble para iniciar el negocio de playa de estacionamiento, para lo cual, previamente solicitó un certificado de parámetros urbanísticos, el mismo que confirmó la compatibilidad del predio con el negocio. Pese a ello, la Municipalidad no le permite obtener la licencia de funcionamiento.

Ese, entre otros, son los hechos alegados y que se discuten en la Resolución 0605-2021/SEL-INDECOPI publicada este mes de noviembre, la cual resuelve que la prohibición de realizar actividad de “playa de estacionamiento” en el Centro Histórico de Lima es una barrera burocrática ilegal. Esta resolución fue obtenida luego de un procedimiento que duró cerca de un año. Esto significa que este administrado ha tenido que frenar su actividad por más de 11 meses para levantar una restricción que fue calificada como ilegal.

La restricción ha sido levantada, pero ¿quién asume el costo de esta paralización? ¿quién asume los daños de tener un inmueble que dejó de ser útil para el negocio? ¿quiénes sufren el impacto?

Cada vez que se frena una actividad privada por barreras burocráticas ilegales o no razonables, sin perjuicio del tamaño del negocio, no sólo se afecta al administrado, se afecta al país. Vivimos en épocas en las que se exige que el gobierno tome medidas para reactivar la economía, para ello es vital que la administración adopte un enfoque positivo sobre la iniciativa privada.

Esta iniciativa pide dos cosas básicas para funcionar: predictibilidad y razonabilidad en la aplicación de las normas; sin eso, no se puede diseñar un plan de negocio o proyectar una inversión. En otras palabras, los administrados piden que, si un certificado es positivo, la licencia les sea otorgada; que, si la municipalidad les aprueba una licencia de obra, posteriormente también se les otorgue la licencia de funcionamiento en el edificio construido, que se apliquen criterios uniformes a todos los expedientes, y que la entidad no coloque barreras salvo que existan motivos relevantes que lo justifiquen.

Colocar una barrera burocrática es como si el Estado se pusiera “cabe” a sí mismo, ya que está frenando iniciativas que podrían ayudar a reactivar la economía. Es por eso que, es importante cambiar el enfoque y pensar en promover antes que en bloquear.

En el tema de la compatibilidad de usos, los administrados enfrentan un grave desafío, dado que, los usos permitidos son leídos de forma muy estricta, a tal punto que en una zonificación se puede colocar un teatro, pero no un cine, una galería, pero no un supermercado, y los ejemplos siguen.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se establece la posibilidad que los índices de usos puedan ser interpretados en forma extensiva, fomentando usos mixtos. A través de esta disposición, se abre una puerta para que las Municipalidades puedan adoptar una visión más enfocada en el desarrollo de la ciudad y en base a ello, califiquen los usos de forma más abierta, de modo que, existan mayores oportunidades de inversión. Esperemos que eso suceda.